Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 18 de agosto.- El Congreso del estado no tiene facultad para llamar a comparecer a un rector, como lo hizo este viernes con la figura imaginativa de Alejandro Vera Jiménez, coincidieron abogados del estado de Morelos.
Por primera vez en la historia de Morelos los legisladores llamaron a cuentas al titular de un organismo público autónomo, y también es la primera ocasión que un rector de la UAEM obtiene una suspensión para evitar su presentación ante diputados; también es primera vez que el Legislativo atiende una comparecencia sin la parte requerida.
En la interpretación del abogado Cipriano Sotelo, sí se violentó la autonomía de la Universidad al exigirle cuentas a Vera Jiménez sobre la contratación de un crédito con Banco Interacciones por hasta 600 millones de pesos, vigente desde julio de 2014.
Para el ex Consejero Jurídico del gobierno del estado, José Luis Urióstegui, no hubo violación a la autonomía como tal pero en coincidencia ambos especialista del Derecho señalaron que el rector no está subordinado a los legisladores, sino al Consejo Universitario a cuyos integrantes sí debe rendir cuentas.
El Consejo Universitario es el máximo organismo de decisión en la UAEM y esta integrado por el rector, el secretario general, los directores de unidades académicas, dos miembros de cada sindicato, dos miembros de la Federación de Estudiantes de Morelos, un estudiante por cada unidad académica y un suplente. En julio de 2014 ese Consejo aprobó la contratación del crédito a Alejandro Vera con Interacciones.
Serie de inconsistencias
El pasado 5 de agosto las integrantes de la diputación permanente Beatriz Vícera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralata y Silvia Irra Marín, todas perredistas, aprobaron la comparecencia del rector programada para este 18 de agosto a las 11:00 horas. Sólo la diputada de Nueva Alianza Edith Beltrán se abstuvo de votar.
La Constitución Política del Estado de Morelos no contempla dicha atribución a las facultades adherentes a los legisladores. Bajo ese criterio, el rector solicitó un amparo al aducir que dicha citación es ilegal e improcedente, ya que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado.
A pesar de la suspensión provisional, los legisladores realizaron la sesión y realizaron más acusaciones que cuestioamientos a un ausente rector. Durante la «comparecencia», el diputado plurinominal de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, señaló que el rector violó el artículo 79 de la Ley de Deuda Pública del estado en la que prohíbe la contratación de Deuda Pública sin la aprobación del Congreso, sin embargo dicha reforma se hizo hasta 2016, dos años después de la contratación del mismo.
En diciembre de 2013, se hizo público en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” el gasto público para 2014. En el Capítulo de disposiciones generales artículo quinto, señala la prohibición a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los Órganos Autónomos y demás entidades de la Administración Pública Estatal, contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales sin la autorización del Congreso, a excepción, entre otros, de los que se adquieran para Obras Públicas y acciones cuyo período de ejecución requiere más de un Ejercicio Fiscal.
El contrato con Interacciones se contrató para dicho rubro e inicialmente terminaría con el periodo del actual rector, en marzo de 2018, pero tras una reestructuración éste deberá pagarse hasta 2022 y el monto se redujo a 450 millones de pesos.
Álvarez Cisneros acusó también que el subsidio estatal, poco más de 22 millones de pesos mensuales que deposita el Ejecutivo a la UAEM, no se usa para el pago de salarios, papelería y servicios para los que está etiquetado, pero dichos convenios son firmados anualmente, a sabiendas de que se ocupa para el pago del crédito, por la Federación, el Estado y la Universidad.
El diputado perredista Enrique Laffitte esgrimió que el subsidio federal, que va de los 70 a 140mdp mensuales, está comprometido para el pago del crédito. El pasado miércoles, el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, especificó que sólo el recurso estatal se usa para el pago del mismo.
La “comparecencia”, que se dio durante la sesión de la Junta Política, terminó sin un pronunciamiento pero la sesión continuó de manera privada. Un par de horas más tarde, Silvia Irra, Jaime Álvarez y Beatriz Vícera sesionaron en la diputación permanente sin tocar el tema referente al rector.
Vícera Alatriste aseguró que en la suspensión otorgada al rector hay un error de interpretación. Excusó que fue contra la Diputación Permanente pero quien solicitó su comparecencia fue la Junta Política, que es un órgano en el que se toman los acuerdos pero que a la vez éstos deben ser sometidos a votación ante el pleno para su aprobación y posterior ejecución.
Señaló además que no hubo pronunciamiento de la Junta Política porque no estaban todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias.
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En tanto, Álvarez Cisneros dijo que esperarán hasta que se realice la audiencia incidental, el próximo 22 de agosto, para conocer si la justicia federal concede o no la suspensión definitiva al rector.