Por la Redacción
Cuernavaca, Mor., 17 de mayo.- Abogados, empresarios y diversos profesionistas sostuvieron esta tarde una reunión con el comisionado de Seguridad, Alberto Capella Ibarra y el fiscal general, Javier Pérez Durón, en la que entregaron una serie de propuestas para “coadyuvar contra la inseguridad en el estado”.
El encuentro se dio a tan sólo unas horas en que diversas barras de abogados exigieron la salida inmediata del comisionado tras el reciente asesinato de su homólogo Rodolfo García Aragón y repudiaron las declaraciones de Capella Ibarra en las que expuso que no por un asesinato cambiará la estrategia de seguridad en el estado además de que la Fiscalía difundió a través de un boletín, que la principal línea de investigación de su asesinato eran los asuntos particulares del profesional del Derecho.
Luego de la denuncia de esta mañana, se instó a una reunión urgente para el próximo viernes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la que pidieron la presencia del Gobernador Graco Ramírez, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz, así como del comisionado y del fiscal para dar respuesta sobre el recrudecimiento de la violencia en Morelos desde inicios de este año.
Sin embargo, el encuentro de esta tarde quedó lejos de la demanda pública. Los abogados criticaron las conductas nocivas que lastiman a la sociedad en su conjunto así como los malos elementos que siguen al interior de las dependencias gubernamentales.
Al respecto, el comisionado Alberto Capella lamentó que la falta de firmeza por parte de autoridades anteriores haya derivado en un incremento en la inseguridad que, sin embargo, hoy se combate sin tregua, dijo, por lo que exhortó a los presentes a implementar una cultura del autocuidado.
“Si ustedes quieren ayudar de fondo en la seguridad pública, combatan la doble moral de los sectores políticos de este estado, porque nosotros nos vamos a ir y ¿quién va a venir a gobernar?, ¿vamos a regresar al pasado?, ¿con qué intenciones?, ¿regresamos a la doble moral?, ¿a negociar con delincuentes para que agarren fuerza del 2018 al 2024 y el que venga en 2025 venga a toparse con los mismos problemas que nosotros?”, criticó.
El tema que detonó esta reunión –el homicidio del abogado Rodolfo García Aragón-, quedó relegado y se abordó de una forma somera.
El abogado Miguel Ángel Rosette expresó que no sólo el sector de los litigantes ha sido vapuleado por la inseguridad, con 15 asesinatos en lo que va en la administración de Graco Ramírez; expresó que médicos, empresarios, amas de casa, desempleados, son víctimas de la violencia en el estado.
“Hay un clima de inseguridad, no es percepción, hay una desconfianza generalizada en las instituciones, pero para eso estamos aquí, para coadyuvar y reducir los índices delictivos”, declaró.
En respuesta, Capella Ibarra lamentó ver rostros contrarios a todo lo que propone el gobernador, como el modelo del Mando Único, al tiempo que hizo hincapié en que los asesinatos registrados son por cuestiones focalizadas “no por malos desencuentros donde una persona pierde la vida sin deberla ni temerla, son temas perfectamente focalizados, muchos de ellos resueltos”, aseguró.
Asimismo, prometió que no que publicará lo que sabe de las víctimas para no denostar su imagen.
El fiscal Pérez Durón reconoció que tanto en la CES como en la FGE, se trabaja para depurar al personal, pero lamentó que la propia sociedad y los abogados pongan obstáculos en el camino.
Sin reparar en lo anterior, los diversos profesionistas entregaron tanto al fiscal como al comisionado una propuesta de trabajo que consistió en la implementación de un protocolo que permita establecer medidas de seguridad para aquellos profesionales del Derecho que, en el ejercicio de su labor, puedan estar vulnerables.
Asimismo, pusieron a disposición de la CES horas gratuitas de capacitación para elementos por parte de profesionistas; también la implementación de un instituto y, por último, solicitaron a los funcionarios estar abiertos a propuestas que permitan perfeccionar las estrategias en la materia.
Miguel Ángel Rosete hizo hincapié en las carencias que enfrenta la FGE por lo que consideró necesario buscar el respaldo de los diputados.
De esta manera, funcionarios y abogados acordaron una nueva reunión en la que propusieron también esté presente la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas López, para fortalecer la cadena de justicia: prevención, procuración y administración.