#Opinión – Los otros 31 en el «sistema mediático penal»

Marco Lara Klahr

Bajo el encabezado anodino: «FRANCE24 investigates new Mexico kidnapping case» [«FRANCE24 investiga nuevo caso de secuestro en México»], en la última semana de noviembre [2014] dicha televisora circuló globalmente, como se recordará, la atroz especie periodística acerca de la supuesta desaparición forzada de 31 estudiantes de una secundaria en Cocula ―el municipio guerrerense vecino de Iguala donde habrían sido desaparecidos dos meses atrás por la policía local, asociada a criminales, los 43 estudiantes de Ayotzinapa sobre quienes el gobierno federal sigue sin rendir cuentas.


Según el testimonio de una madre en el cual se basa la estridente historia de la televisora francesa, el hecho habría ocurrido en julio pasado, a pleno día, durante una cínica acción en la que los adolescentes habrían sido sacados a la fuerza por un grupo de personas y llevados a bordo de vehículos policiales del Ayuntamiento, sin que desde entonces se tenga noticia de ellos.

¿Cómo procesar un acto tan brutal e impune? ¿Cómo procesarlo, además, al ser hecho público, coincidentemente, dos meses después de los sucesos de Iguala que hoy mantienen a parte de la sociedad mexicana polarizada? ¿Cómo procesar que lo publicara un medio global, dejando a los mexicanos como simples replicadores de algo así?

France 24 no es un medio al que ―cuando menos hasta antes de esa historia de Cocula― uno pudiera desdeñar. Es referente noticioso por su alcance, diversa agenda temática y capacidad tecnológica multiplataforma. A propósito, en su versión Web da cuenta de que, a través de sus tres canales de televisión restringida emite noticias las 24 horas del día en francés, inglés y árabe, desde su redacción parisina, conformada a su vez por más de 400 periodistas de 53 nacionalidades, cuya misión informativa la complementa una vasta red de corresponsales. Así llega a 250 millones de hogares en 177 países.

Reprocesada masivamente por otros medios, parecía una versión digna de tomarse en consideración, insisto, sobre todo por la gravedad del asunto y la reputación del medio emisor. Pero ya revisando la nota original, su pobreza en términos de método periodístico es patente, no obstante lo cual desató una reacción que movilizó momentáneamente a parte de la estructura del Estado mexicano.

Tiene sentido detenerse a reflexionar sobre este enredo mediático porque evidencia ciertos fenómenos estructurales que produce esto que sociólogos de la comunicación denominan sistema mediático penal. Enseguida unas líneas de pensamiento:

  1. Laurence Cuvillier, corresponsal de France 24 que publicó la historia, fue, según su aceptación posterior, nada rigurosa y actuó sin ética. Y se ve en su nota que no dispone sino de una fuente testimonial, bastándole para dar por cierta la versión ―aunque más que sobada, nunca sobra tener presente la sentencia periodística según la cual «si tu madre te dice que te quiere, ¡verifícalo!»―. Es verdad que no es la primera vez que un colega extranjero sucumbe a la inescrupulosa norma periodística de noticias de una sola fuente prevaleciente en México.
  2. Pero si la periodista sucumbió, ¿qué sucedió con sus editores? No se ve su trabajo por ningún lado o, mejor, si ellos hubieran hecho su trabajo desde la redacción, la historia no se habría publicado ―no al menos como apareció.
  3. Luego ya el asunto tomó su propio cauce, siendo reproducida la historia en el mundo y particularmente en México, con apenas un puñado de medios que confirmó en cierta medida su veracidad ―en lo que destaca animalpolitico.com.
  4. Detrás de esta ola mediática sobrevino la institucional, comenzando por la torpe, por contradictoria y burocrática, sucesión de versiones del gobernador guerrerense Rogelio Ortega, primero validando, luego relativizando y al final negando u omitiendo los hechos.
  5. Al final la Procuraduría General de la República llegó al clímax de la ineptitud, al revelar parte de sus supuestas diligencias. Según el registro periodístico, habría interrogado a personal de la escuela, funcionarios municipales y padres de familia. Al respecto, dos grandes problemas: a) Volvió a exhibir que lo suyo no es la investigación científica, sino que le bastan, para actuar o no ―lo mismo que para incriminar a una persona―, testigos; y como aquí no los tuvo, ahí le paró; y 2) al revelar las identidades de las personas que interrogó en Cocula pudo poner en riesgo su integridad y su propia vida.

Finalmente, todo lo anterior exhibe en conjunto un fenómeno social que se cuenta entre las causas principales de la espiral de violencia que sufrimos en México: la mayoría, desde nuestra posición en la sociedad, perseguimos rentabilizar las tragedias de los demás, sin mostrar voluntad de autocontención. A su vez, esto es lo que mantiene engrasado al sistema mediático penal.

Ilustración: Diego Lara

@Edad_Mediatica

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