Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 12 de junio.- El investigador Ernesto López Portillo afirmó que el modelo de Mando Único que se aplica en Morelos no resuelve la desconfianza del ciudadano al policía, pues se trata sólo de una respuesta organizativa en su estructura, cuando lo ideal es una reforma institucional profunda con procesos de evaluación de la calidad de trabajo policial.
Durante los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) aseguró que las policías deberían ser un gestor social que se sienta con los ciudadanos a construir una agenda de problemas y sus soluciones, sin embargo, afirma que no ocurre así y en consecuencia la brecha de la desconfianza se agudiza.
Ante este fenómeno, propuso que las policías en el país adopten la aplicación de instrumentos de evaluación mediante una certificación a la calidad de su actuación.
El modelo de certificación que propone sería un complemento a las revisiones que ya aplican las instituciones en México, la diferencia, dijo, es que serían los ciudadanos junto con académicos y expertos en la material quienes auditen las prácticas de los policías para llegar a una mejora sustantiva de su actuar para arribar a un mejor nivel de confianza de ciudadanos con policías.
Además sugirió que los observatorios de seguridad y la violencia son una figura que ayuda en el proceso de seguimiento de resultados del gobierno donde, incluso, el trabajo de un observatorio es referencia para los gobiernos.
Pero para llevar a estas buenas prácticas ciudadanas es necesario que haya voluntad política de los gobiernos que parta de un convencimiento de la apertura para abandonar la resistencia del modelo de las instituciones que se autoevalúan pero se alejan los ciudadanos.
Durante el mismo foro, Clara Jusidman, titular de la organización Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, planteó que lo que prevalece en el país es la impunidad que nos está llevando a una violencia crónica donde la población ha cambiado de vida para aceptar que en cualquier momento puede ser víctima de la violencia.
Ante este panorama, dijo que el único camino es la recuperación de la confianza, reconstruir el tejido social y sancionar la impunidad que prevalece por lo que deben restablecerse normas de convivencia trabajando con los jóvenes en riesgo de adiciones.
Afirmó que es un error pensar que el estado es el gran vigilante “ya no se puede porque el aparato de justicia es defectuoso”.
A pesar de todo lo anterior, la investigadora del fenómeno de la violencia desde el punto de vista de lo económico, calificó como fantástico un nuevo paradigma en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al pasar de una seguridad dura, con soldados, a la prevención de la violencia.
Sin embargo, manifestó su duda sobre si los municipios donde ya se trabaja en los altos niveles de criminalidad tendrán la capacidad de mitigar lo que les pasa pues no es suficiente con los programas sociales.
Para hacer referencia de lo que pasa en el país describió el fenómeno de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los ciudadanos tienen la percepción de que los niveles de violencia bajaron por un acuerdo entre carteles de la droga, no por la intervención del estado ni de las organizaciones sociales.
En su opinión, las organizaciones de las drogas se dieron cuenta del daño que se hicieron en su guerra por el territorio y decidieron pactar.