Por: Uzziel Becerra
La violencia como fenómeno es un asunto complejo, de múltiples manifestaciones: física, al verse vulnerada la integridad corporal de una persona; psicológica, presentándose en manipulación y chantaje; verbal, al expresar palabras ofensivas o hirientes, así como en el discurso de odio; económica y patrimonial, cuando a una persona se le prohibe el trabajo o el disfrute de sus bienes monetarios; simbólica, cuando aparatos ideológicos y de comunicación masiva reproducen imágenes que promueven la cosificación de las personas; política, al excluir y prohibir a las personas participar en las decisiones de los asuntos públicos; violencia sexual, en la que entran las conductas de abuso, violación, agresión, mirada lasciva, explotación entre otros. Y son preoponderantemente las mujeres quienes a diario sufren estos contextos de volencia generalizada y normalizada por la sociedad. En lo que va del año 2019, nuestro país ha registrado al menos 1,199 feminicidios. En promedio, cada dos horas y media una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer y, aunque la violencia de género es un fenómeno nacional, 10 entidades han concentrado el 65% de los feminicidios de este año: Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua y la Ciudad de México respectivamente.
En lo individual, la violencia ha sido estudiada y expuesta, buscando su erradicación en torno al progreso civilizatorio de la modernidad y por la democratización en gran parte del mundo. Sin embargo, poco conocemos sobre la violencia colectiva. Sabemos que las personas, al aglutinarse en masa, en macro-colectivo, pueden perder la noción del proceso decisorio individual y dejarse llevar por las acciones inmediatas de la masa, sus métodos y causas. Así, la violencia colectiva puede destruir, de eso no hay duda, pero también puede construir: nuevas formas de organización política y de interpretación histórica, como en el caso de los procesos revolucionarios que buscaron liberarse del yugo conquistador de las monarquías, los imperios y regímenes políticos que los explotaron y subordinaron. Hoy, las mujeres en el país se manifiestan, protestan y luchan por el resguardo, no solo de sus derechos, sino de su propia vida e integridad.
Evidentemente, las protesta y marchas públicas utilizan como herramientas o mecanismos de presión la transgresión del orden público con cargas importantes de agresividad. Los gritos, empujones, la destrucción de monumentos e imágenes de dominio público, el bloqueo de las vías de comunicación, entre otras acciones, son formas en las que un movimiento colectivo logra impacto real e incidencia pública. La protesta social ha estado presente en diversas ciudades de Europa, Asia, África y Latinoamérica en nuestras fechas recientes, pero el desconocimiento de la coyuntura internacional inhibe nuestra capacidad reflexionar la trascendencia de los movimientos sociales. El hecho de que las mujeres se hayan manifestado de forma agresiva y violenta en la Ciudad de México corresponde a un proceso de degradación social por la normalización y aceptación de la violencia, la sistemática violación a los derechos humanos de las mujeres y la impunidad para los victimarios de los delitos contra la mujer. En suma, un contexto en el que la justicia y el respeto a la dignidad humana no han logrado cumplimiento efectivo.
Sin embargo, hay circunstancias en las que el derecho de manifestación pública, de expresión y de protesta a través de marchas se utilizan métodos de acción colectiva que superan los límites de agresividad para ejercer flagrantemente violencia física, no contra el Estado sino contra las personas de sexo masculino: hombres reporteros, trabajadores, ambulantes, indigentes e incluso animales no hembras. La respuesta al sufrimiento humano a través de la venganza puede llegar a extremos que no aportan a la pacificación ni las condiciones de seguridad para todas las personas. La garantía de derechos para las mujeres no puede ir en perjuicio de la garantía de derechos para los hombres, pues el ser humano es quien goza de tal protección, sin importar el género.
Por otra parte, debemos reconocer que conceptos como el de feminismo, patriarcado, machismo, género, e incluso acoso y agresión sexual se utlizan en el debate público para juzgar las acciones que realizan los colectivos de mujeres, sin embargo, hay poco conocimiento real de lo que implica el movimiento feminista o de la interpretación de la dominación patriarcal en nuestra cultura. Superficialmente, el feminismo de primera generación luchó por el reconocimiento de derechos políticos y civiles, siendo un movimiento sufragista. La segunda generación o segunda ola feminista luchó por la igualdad sustancial o de facto en los ámbitos laboral, familiar y de derechos sociales. La tercera ola ha buscado primordialmente el reconocimieno de los derechos sexuales como el aborto y la identidad del género. Los inicios de nuestro siglo XXI han hecho al movimiento feminista renovar su agenda, recuperando a la mujer como sujeto político, impulsando la paridad, la participación política y el combate de las nuevas desigualdades. No está vinculado de forma alguna con la destrucción del hombre, sino que busca erradicar la cultura machista y patriarcal que les aisla, las vulnera y violenta, por ello resulta preocupante que durante la manifestación pública se incurra en violencia de género; no se puede exigir eficazmente desde la incongruencia.
Tras los lamentables acontecimientos recientes, de violaciones, feminicidios, agresiones y acoso sexual, podemos reconocer que el Estado ha sido superado en sus capacidades para garantizar las condiciones de seguridad para las mujeres. El respeto, reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales es el aspecto sustancial de todos los estados democráticos de derecho; si no hay garantía de derechos fundamentales, el Estado no cumple a cabalidad sus funciones y objetvos primordiales. En un país como el nuestro, donde el derecho a la vida digna y a la integridad de la persona son vulnerados todos los días en números alarmantes, no podríamos objetar el fondo de las protestas sociales y, en última instancia, el ejercicio del derecho a la resistencia civil y derecho de rebelión. Quienes critcan sin matices las marchas y protestas impulsadas por las mujeres no deben olvidar que, en el fondo, es una lucha por la vida misma. Los monumentos históricos y culturales, como fue en el momento de ser colocados y conmemorados, pueden restaurase y volver a instalarse, en cambio, la vida de una persona, nunca jamás.
Si juzgamos de antemano los movimientos, las exigencias y marchas, sin conocer las causas y motivos profundos, no estaremos en posibilidad de aportar en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos. La violencia contra la mujer no debe reproducirse, en ninguna de sus manifestaciones. No debe haber más feminicidios, violaciones, agresiones ni abuso sexual. Debemos asumir la corresponsabilidad del binomio autoridades-ciudadanos en la consecusión de la erradicación de estas lamentables conductas. La reflexión sobre nuestra condición humana, la construcción de la cultura y las manifestaciones del patriarcado, la violencia estructural, simbólica y las desigualdades en virtud del género son necesarias para generar una nueva forma de convivencia social entre géneros. Mientras no logremos tal objetivo, las marchas y manifestaciones seguirán siendo legítimas, a pesar de los daños materiales colaterales que resulten, con excepciones en torno a la violencia física contra las personas, hombres, niños, ancianos, de cualquier género, raza, edad y origen