Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 24 de julio.- La Marina ‘tomará’ la huella balística de 7 mil armas de fuego de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, para obtener el llamado “ADN” del armamento de cargo y que, en caso de que sean usadas en algún ilícito, se identifique de manera inmediata.
Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Comisión, José Antonio Ortiz Guarneros, quien expuso que a raíz de la recomendación 21VG de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde siete policías estatales están implicados en el asesinato de seis personas, se realizará este trabajo debido a que su antecesor Jesús Alberto Capella Ibarra no entregó las armas relacionadas al multihomicidio perpetrado en Temixco, en noviembre de 2017.
Por esa omisión del exjefe policial, actual Comisionado de Seguridad en Quintana Roo, se desconoce hasta el momento quién acribilló a cuatro mujeres adultas, una bebé de dos meses de edad y un adolescente de 14 años en su domicilio, en un presunto operativo de “rescate de víctimas de secuestro” de la CESP.
Con respecto al trabajo que hará la Marina, Ortiz Guarneros detalló que cada arma deja su propia huella en los cartuchos percutidos y la Armada de México en Veracruz tiene el Centro de Modernización de Armamento donde pueden tomar las huellas de las armas para sacar el “ADN”.
Si las armas están implicadas en algún ilícito, advirtió, eso hará que los policías que estén relacionados en cosas indebidas lo piensan dos veces.
El responsable de la seguridad en la entidad adelantó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco autorizó el inicio de los trámites para que se manden las armas por tandeos, para sacar la huella balística de cada una de las 7 mil 000 armas, que tendrá un costo aproximado de 400 mil pesos para pagar el material requerido por la Secretaría de Marina, y en unos seis meses obtener la información requerida.
A esta acción se suma la biométrica de voz, en funcionamiento en la CESP, técnica a través de la cual se han detectado a algunos elementos policiacos involucrados en casos de extorsiones o amenazas; eso ya lo tenemos bajo control con la Fiscalía General del Estado, dijo Ortiz Guarneros.