Por Uzziel Becerra

El domingo pasado se transmitió el Informe del Presidente de la República al pueblo de México, en el que anunciaron medidas para responder a la crisis económica desatada por el covid-19 y buscando dar certidumbre desde el gobierno. Sin embargo, las reacciones al Plan de Reactivación Económica son contundentes: las medidas son insuficientes y no garantizan que la crisis económica dañe a pequeñas y medianas empresas nacionales, con consecuencias económicas y sociales previsibles. Lo que se anunció fue la continuidad de un proyecto político-ideológico inflexible y soberbio que será confrontado con una realidad extraordinaria, permanente y global.

Lo que presentó López Obrador como medidas emergentes versan sobre 3 ejes fundamentales: la inversión pública, empleo y austeridad, mismas que señaló compatibles con el Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno, que consisten específicamente en mayor inversión pública para el desarrollo económico y social, hablando de Petróleos Mexicanos y megaproyectos como el Tren Maya, así como los programas de bienestar social; empleo pleno, señalando que buscarán crear dos millones de empleos para finales de este año, y “austeridad republicana”, advirtiendo que se les recortará el salario a los altos funcionarios de la administración pública y se eliminarán sus aguinaldos. Nada innovador ni diferenciado a lo que ya habíamos escuchado de su gobierno. Ya lo había señalado el presidente “esta crisis nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de nuestra transformación”.

En cuanto a los programas de bienestar, enfatizó que su gobierno ha adelantado cuatro meses el apoyo a los adultos mayores registrados en el Programa del Bienestar para Apoyo a Mayores. Afirmó que ya entregó 10 millones 500 mil becas a estudiantes de todos los niveles escolares y de las universidades Benito Juárez, donde señaló que estudian alrededor de 15 mil alumnos y 870 docentes. Otorgarán 356 mil créditos como parte del Programa Tandas para el Bienestar, y se agregarán 450 mil Tandas más. Las cifras presentadas en realidad corresponden a los resultados de la política social de este gobierno desde sus inicios y no a medidas emergentes para la crisis.

Respecto a la gestión de la crisis sanitaria por covid-19, pidió la integración del Almirante Secretario de Marina, Rafael Ojeda Duran, y al General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, en la implementación de los planes Marina y DN3, ambas instituciones recibieron 5 mil millones de pesos para tal propósito. Así buscará dejar en manos de la Marina la atención médica de urgencia ante un escenario fase 3 de la crisis sanitaria. El problema es atender las demandas de insumos de los hospitales y centros de salud que ya están recibiendo a los 2 mil 143 casos confirmados, 5 mil 209 sospechosos y 94 muertos por covid-19 a la fecha.

Las acciones para reactivar la economía que anunció el presidente son: 1) no se aumentarán los precios de los combustibles, 2) Se intensificarán los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, 3) a partir de mayo se recibirán apoyos directos a trabajadores del campo, padres y madres de familia. 4) no se crearán nuevos impuestos, cumpliendo el compromiso de devolver el valor del Impuesto sobre el Valor Agregado a los contribuyentes, 5) se buscarán crear 80 mil empleos en los cinco tramos que comprende la construcción del Tren Maya. El punto 1 no depende del gobierno mexicano, el 2, 3, 4 y 5 ya se conocían con anterioridad.

Para los trabajadores al servicio del Estado, el presidente anunció se podrán otorgar créditos personales de 20 mil a 35 mil pesos en efectivo, en beneficio de 670 mil trabajadores. Para los trabajadores en general anunció el otorgamiento de 2 millones 100 mil créditos personales y de vivienda, así como destacar la creación de dos millones de nuevos empleos formales. En suma, se estima que el beneficio de los programas de bienestar alcanzará a 22 millones de personas, pues su propósito es “mantener inalterables” y profundizar las acciones destinadas a la población más pobre y vulnerable del país, lo cual es un propósito loable. En cambio la eliminación del aguinaldo de altos funcionarios y la reducción de su salario solo podrían darse en la forma de donación sin condiciones o voluntaria y no por la arbitrariedad gubernamental, lo cual sería ilegal e inconstitucional.

El presidente no dejó de dividir, provocar y acusar a sus adversarios políticos, continuando la narrativa anti neoliberal y neoporfirista; no hay un llamado serio y congruente a la unidad. Perdió la oportunidad de llamar al consenso en momentos donde se requiere la participación de todos los sectores sociales para contener las diversas crisis que habremos de padecer y en su lugar prefirió recalcar las fobias, la narrativa de confrontación. Olvida que es presidente de todos los mexicanos y no solo de la mayoría o de sus votantes. El sostenimiento del conflicto evidencia también el pobre compromiso del presidente con las prácticas democráticas, pues una característica de las democracias consolidadas es que los conflictos políticos son transitorios y no permanentes.

La inconformidad no se hizo esperar. El Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores entre otros, a través de sus dirigentes, lamentaron la pobreza e insuficiencia de las medidas anunciadas y calificaron como decepcionante el compromiso del gobierno para con el sector productivo, haciendo reflexiones en torno a la necesidad de fortalecer a las medianas y pequeñas empresas en tiempos de crisis económica, pues existía un acuerdo sobre otorgar una línea de crédito a las PyMEs con condiciones que no se cumplieron.

La sociedad civil también ha reclamado la insuficiencia estratégica del Plan de Reactivación Económica, puesto que no se puede atender una emergencia extraordinaria con medidas ordinarias o de continuidad de un proyecto que no preveía una crisis económica ni sanitaria. Tenemos pues un gobierno que solo responde a la inmediatez y no a la prospectiva. No importan los pronósticos, los escenarios ni las proyecciones de los organismos internacionales públicos o privados que plasman un panorama desalentador, lo importante para el gobierno es mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta que la realidad los alcance.

Por si fuera poco, tras concluir el mensaje del presidente de ayer, los mercados financieros respondieron de forma desfavorable en la apreciación del peso, pues se elevó en 22 centavos hasta llegar a 25.31 unidades, marcando un nuevo máximo histórico a nuestra moneda.

Este lunes, durante la mañanera se le cuestionó sobre la necesidad del consenso social para adoptar medidas de reactivación económica, a lo que contestó: “Yo consulto todos los días con la mayoría del pueblo, siempre estoy recogiendo los sentimientos del pueblo”. Incluso se jactó de que éste será un modelo para otros países, puesto que “el coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial en todo sentido, no es posible que afecte tanto una pandemia en lo económico, en lo social”.

Incluso se comparó con Roosevelt en el contexto del New Deal que respondió a la Gran Depresión en 1929, por su plan de reactivar la economía con inversión pública, pleno empleo y reactivación de la industria de la construcción, pues “así levantó a Estados Unidos, un gran presidente, entonces ¿por qué no hacer lo mismo?”. El problema es que el proyecto de Roosevelt duró ocho años y se desarrollo en varias etapas, en distintos contextos y condiciones, que finalmente incluyeron incentivos al sector bancario, empresarial y financiero, estimulando al sector productivo, aunado a que la recuperación y crecimiento exponencial de su economía se dio hasta desatarse la Segunda Guerra Mundial. La descontextualización o mal interpretación de la recuperación económica en Estados Unidos por el presidente es enorme e irresponsable.

Aunque afirma que su modelo se basa en proteger a los más vulnerables, la realidad es que ha desmantelado a las instituciones dedicadas a proteger precisamente esos sectores. Los apoyos directos son menos eficaces que el despliegue de instituciones dotadas de recursos humanos y materiales, además de los financieros, para posibilitan el ejercicio y satisfacción de los derechos sociales. La asignación de recursos como política pública no posibilita su evaluación ni su garantía.

En la conferencia mañanera dejó claro que, aunque se prevé el despido masivo de empleados y un crisis económica que obligue a los pequeños y medianos empresarios a cerrar sus negocios, el presidente no se adelantará, incluso pidió esperar a que llegara la crisis para empezar a atender o reaccionar. No hay

previsión, estrategias a mediano o corto plazo, el gobierno no se adelantará a contener una previsible tragedia económica para el empresariado mexicano y, en consecuencia, para el trabajador formal.

El presidente insiste en que la crisis es transitoria, que la continuidad de su proyecto de nación bastará para atender a la crisis económica global y que no habrán cambios, nuevos planes ni acciones de reacción extraordinarias, como lo hacen en otros países. Aunque la narrativa de protección a los sectores vulnerables es loable y acertada, queda debiendo en el sector empresarial y económico. Obrador debe entender que es presidente de todos, incluyendo a los empresarios e inversionistas nacionales. Ante la crisis global requerimos un primer mandatario que llame a la unidad, solidaridad y a la cooperación, pero eso no es posible sin el sector empresarial y sin flexibilidad de la política fiscal. Se requieren medidas extraordinarias ante circunstancias extraordinarias.

* Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos.