Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 25 de noviembre.- En menos de un mes, se han registrado tres enfrentamientos en el penal de Atlacholoaya y este fin de semana en el federal de Ayala, lo que evidencia una serie de irregularidades que no solventadas por autoridades penitenciaras, lamentó Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos.
Señaló que los hechos violentos en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, que presuntamente dejó un interno muerto, así como dos custodios y dos Personas Privadas de la Libertad (PPL) heridas, se dio parte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ser de índole federal pero hasta el momento no hay confirmación del deceso.
Hernández Cruz reiteró el grado de alerta en el que se encuentra la Comisión que preside ante las omisiones de la autoridad al permitir que en corto periodo de tiempo el registro de cuatro riñas con características similares. “Son sintomáticas de que hay una situación de alarma que deben tener muy presente las autoridades encargadas de los sistemas penitenciarios, y establecer las políticas y medidas que eviten al máximo que las PPL se ven involucradas en enfrentamientos que terminan con lesiones o con la pérdida de la vida humana, como ya ocurrió en nueve casos en Atlacholoaya”, acusó.
El ombusdperson reiteró es un problema que ha advertido, que más allá de ser simples hechos aislados, es reflejo de un problema estructural en todo el sistema de justicia en un estado que no ha sido capaz de garantizar el sistema de Justicia eficaz.
Hernández Cruz recordó que además de los hechos referidos a finales de octubre y la semana pasada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos, se debe sumar el registrado en la cárcel de Jojutla a mediados de año que cobró la vida de otro interno.
Por este hecho se inició una queja de oficio la cual se sumará a la iniciada por los hechos registrados en Atlacholoaya, además del diagnóstico que realiza en las seis cárceles del estado para documentar su estado, el cual se dará a conocer en enero próximo lo que coadyuvará a determinar el grado de responsabilidad de quienes permitieron, fueron omisos o no actuaron con oportunidad para evitar los cruentos hechos.