Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 15 de julio.- El multihomicidio registrado la madrugada del 30 de noviembre de 2017 debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, con independencia de quiénes eran las víctimas y quiénes los involucrados en sus muertes, declaró Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) Morelos.
Con la recomendación 21VG/2019 emitida al gobernador y fiscal general de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y Uriel Carmona, por violaciones graves tras la ejecución arbitraria de seis personas, incluidos dos infantes en Temixco, e investigación irregular del caso, el recién ungido ombusdman morelense señaló que ninguna dependencia debe revictimizar a los familiares por lo que las instancias responsables de las investigaciones deben señalar las responsabilidades, por actuación, colusión u omisión, acorde a los expuesto en la recomendación.
Lo anterior debido a que tras conocerse de la ejecución de cinco mujeres y un adolescente en un domicilio de Temixco, la madrugada del 30 de noviembre de 2017, el entonces comisionado de Seguridad Pública, José Alberto Capella Ibarra, aseguró que en ese operativo a cargo de sus elementos hubo sujetos armados que tenían a personas secuestradas.
Acusó que los presuntos delincuentes eran líderes de un cartel local dedicado al narcotráfico.
Esa presunción derivó en una incursión violenta al domicilio donde fueron asesinadas la madre, esposa, hermana, hija y nieta de José Alberto Valdés Chapa, a quien Capella Ibarra acusó de ser el presunto líder del cartel del Sur en Morelos conocido como “El señor de la V”, presuntamente relacionado con el asesinato de un policía local en el año 2015.
Cuestionado sobre lo anterior, el presidente de la Comisión fue tajante: “Se trata de personas, con independencia de las actividades o de si éstas son o no legales, para eso están las autoridades, los hechos que se investigan por parte de la Comisión Nacional se dan porque se violaron los derechos de las personas, con independencia de cualquier otro acto”, sostuvo.
Hernández Cruz observó que la recomendación se entiende en dos vías. La primera que está dirigida al mandatario estatal y al fiscal, con independencia de quién ocupe actualmente el cargo, ya que los hechos se registraron cuando era gobernador Graco Ramírez y Javier Pérez Durón, su sobrino, fiscal general.
El otro sentido, abundó, es fincar responsabilidades a quienes cometieron las violaciones graves a los derechos humanos, “no porque quienes resulten responsable ya no ostenten el encargo no serán sancionados”, advirtió.
La CNDH recomendó, entre otras líneas, que el gobierno del estado colabore en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos (AI) de la Comisión Estatal de Seguridad, para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos, y contra el médico de esa dependencia por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a cuatro personas menores de edad, también familiares (hijos y nieto) de Valdés Chapa.
Sobre el tema, advirtió que a pesar de lo dicho por el actual titular de la CESP, José Antonio Ortiz Guarneros, la investigación en AI no está cerrada, tan es así, recalcó, que la CNDH exige se abra dicho procedimiento.
Los hechos investigados por parte de la Comisión Nacional derivan en que hubo un trato cruel cometido en contra de las personas, la detención arbitraria de los sobrevivientes y las irregularidades en la investigación así como de la identificación y de la determinación de los responsables, dijo, sin duda parte de la recomendación también es identificar plenamente a los responsables y responsabilizarlos de sus actos, ya sea por la vía administrativa o penal, finalizó.