Necesaria ley contra desapariciones forzadas: Víctimas‏

Por Oswald Alonso

CUERNAVACA, Mor., 13 de mayo.- Organizaciones de víctimas de la violencia demandaron al Poder Legislativo avanzar en la aprobación de la iniciativa de Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada, virtud al crecimiento de personas desaparecidas en Morelos.

La iniciativa, informó Juliana Quintanilla de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), ingresó al pleno en sesión del 25 de marzo de este año y turnada  a la comisión legislativa de Puntos Constitucionales y Legislación.

Recordaron que al momento de la presentación de la Iniciativa de Ley en Morelos, aún no se había aprobado una iniciativa similar en la capital del país, ni se había dado un paso similar en Nuevo león con la aprobación de la Declaración de Ausencia como antes había ocurrido en Coahuila.

Hoy, dijo la vocera de la CIDH,  en el país se avanza en esta discusión trascendental para enfrentar y resolver las decenas de miles de desapariciones que tanto dolor ocasionan entre familiares y la sociedad en su conjunto.

“Por ello es que el propio Senado de la República ha aprobado la modificación constitucional para legislar en materia de Desaparición Forzada, Tortura y Delitos Graves, por lo que ya en las Legislaturas locales se tiene la minuta correspondiente para ser votada en su carácter de Constituyente y tenga legalidad dicha reforma”, informó.

Con estos antecedentes las familiares de víctimas y ofendidos junto con integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, acudieron a la sede del Poder Legislativo para exigir  a los diputados avanzar en el proceso legislativo y sea dictaminada la iniciativa para proceder a su aprobación ya que existe una deuda histórica  con las víctimas.

Afuera del Congreso Local, colocaron  mantas con los rostros de los desaparecidos, sus madres dieron testimonio de lo difícil que ha sido tratar con los funcionarios de la Fiscalía General de del Estado  (FGE), y también con los jueces a los que acusaron de dar más garantías a los imputados que a las propias víctimas.

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