Por Oswald Alonso
Cuernavaca, Mor., 12 de mayo.- Organizaciones de abogados demandaron al gobernador Graco Ramírez una audiencia pública para analizar la efectividad de su modelo de seguridad.
El pronunciamiento lo hicieron esta jueves por la mañana, representantes de diversas organizaciones de abogados, quienes primero condenaron el asesinato del catedrático y litigante Rodolfo García Aragón.
El abogado fue reportado como desaparecido el pasado lunes por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una cédula de búsqueda y localización, sin embargo su cuerpo fue encontrado sin vida este miércoles después del mediodía en los límites de los municipios de Jiutepec y Tepoztlán.
El exprocurador de justicia, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que las políticas públicas del gobierno en materia de seguridad y prevención del delito no funcionan por lo que llamó al gobernador Graco Ramírez a replantear su estrategia de seguridad e inicie con cambios en el gabinete de seguridad, particularmente con la salida de Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Llamó también a los funcionarios públicos a reconocer el problema grave de inseguridad que padece el estado. Demandaron no criminalizar o revictimizar a los abogados asesinados al inferir, a través de sus declaraciones o boletines de prensa, que su muerte se relacione con los casos que litigaban.
El abogado Miguel Ángel Rosete dio lectura a una solicitud que hicieron al gobernador perredista. Pidieron una audiencia pública en la que los profesionales del Derecho y el gabinete de seguridad analicen las formas en que el gobierno investiga, persigue el delito y lo previene.
El presidente de la Barra de Abogados de Morelos, Alejandro Smit, exigió la conformación inmediata del Consejo de Participación Ciudadana contemplado en la Ley de Participación Ciudadana, organismo que daría trámite a todas las solicitudes de Consulta Ciudadana, Plebiscito, Referéndum y Revocación de Mandato. Desde ahí, dijo, obligaremos a los gobernantes a realizar cambios de las políticas públicas que no funcionan, es nuestro derecho, reclamó.
Exsubprocuradores, líderes de organizaciones de abogados y amigos del asesinado Rodolfo García Aragón, depositaron una corona en el memorial de las víctimas, ubicado a las puertas de la sede del Poder Ejecutivo.
Ahí recordaron que han sido 15 litigantes asesinados en los tres años que va del gobierno perredista, y acusaron que la fiscalía genera impunidad al no detener en ningún caso a los responsables del delito.