Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., a 19 de Septiembre.-La Comisión Estatal de Seguridad (CES), aseguró que los seis hombres detenidos en abril pasado en la colonia Constitución, del municipio de Jiutepec, no fueron torturados como lo afirman y que las quemaduras son responsabilidad del municipio pues los elementos que trasladaron a los detenidos son municipales.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), emitió el miércoles una recomendación por tortura y actos inhumanos, al gobernador Graco Ramírez y el Fiscal General del Estado, Rodrigo Dorantes.
El órgano defensor de los derechos humanos documentó que la Policía de Mando Único detuvo de sin orden de aprehensión a seis hombres en la colonia Constitución, del municipio conurbado de Jiutepec, y fabricó acusaciones con actos de tortura de por medio.
Las víctimas relataron haber sido detenidos a las instalaciones de la CES donde fueron sometidos a toques eléctricos mientras eran sumergidos en un bote con agua, todo ello, en el sótano de la sede de la CES.
Adriana Najera de Hita, directora de Control y Asuntos Internos de la CES, dijo este viernes que los seis detenidos el 18 de abril, llegaron quemados a las instalaciones de seguridad pública por lo que fueron trasladados a diversos hospitales de la capital.
En todo caso, dijo la funcionaria, los responsables de las quemaduras de los detenidos son los cuatro elementos de la policía municipal, ya que, son ellos quienes trasladaron en una patrulla del municipio a los seis detenidos.
Aseguró que desde el 18 de abril asuntos internos inició una investigación de manera oficiosa la que concluyó que al tratarse de elementos municipales, es el municipio quien tiene que proceder contra los elementos. También, informó que a la fecha ninguno de las víctimas ha presentado ante la CES queja.
El ayuntamiento de Jiutepec al igual que la mayoría de los ayuntamientos firmó y cedió el control operativo de las policías municipales como parte de la estrategia anticrimen del gobierno del perredista Graco Ramírez. En el acuerdo político, las autoridades municipales también ceden las instalaciones y la infraestructura de seguridad al Mando Único, no así la parte legal.
Los ayuntamientos siguen pagando los sueldos de los elementos y el mantenimiento de las instalaciones corren a cargo del presupuesto municipal.
¿A que cartel pertenecen?
Luis, Arturo y Fermin, tres de las seis víctimas, narraron que mientras ingerían bebidas embriagantes en la colonia Constitución del municipio de Jiutepec, elementos del Mando Único a bordo de por lo menos seis camionetas, los sometieron a golpes sin explicación legal. Uno de ellos llevaba una pistola calibre 9 milímetros, pero el agente del Ministerio Público Federal le concedió la libertad bajo fianza.
Recuerdan que en el traslado a la sede de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), sufrieron quemaduras graves por el sobrecalentamiento de la batea del vehículo oficial, pero al llegar a la sede policial los confinaron en un sótano, donde los sometieron a descargas eléctricas mientras eran sumergidos a un tambo con agua.
“Nos metieron a unas jaula como de dos por dos metros. Cuando me sacaron me metieron a un cuarto ahí me dieron toques en los testículos mientras era sumergido en el tambo.
“A la fuerza querían que aceptara que pertenecíamos a un cartel. Ya no aguante los golpes y pues se me doblaron las piernas, quede inconsciente, terminé en el hospital con golpes por todos lados”, recuerda.
El caso más grave es el de Pablo, un contratista cuyas quemaduras han merecido injertos de piel y cirugías reconstructivas. Él recuerda que mientras los subieron a la patrulla sentía como lo quemaban.
En el sótano de la CES, recibió la misma dosis de tortura de los elementos; sólo recuerda el dolor de las quemaduras y los toques eléctricos. Abrió los ojos en un hospital, con médicos a su alrededor y policías custodiándolo.
“Me desmaye y terminé en el hospital. Ahí nos dijeron que éramos acusados de ser sicarios, que traíamos una pistola, que éramos criminales pero después nos dejaron en libertad”, asegura Pablo.
Efectivamente, la CDHEM confirmó que cinco de los detenidos y puestos a disposición de la PGR, fueron liberados sin cargo alguno. Sólo Fermin pagó una garantía para salir. Él asegura que la pistola fue sembrada pero se echó la culpa para que todos pudieran salir ya que uno de sus amigos estaba grave y diabético.