Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 25 de julio.- El secretario de Gobierno Ángel Colín rechazó el surgimiento de más grupos organizados, como el caso de Ayala, y expresó que sólo son personajes que lo hacen a título personal y no representan los intereses de la comunidad.
Explicó que en rondines hechos por el Mando Único y el Ejército se constató que no se instaló ningún retén en el municipio de Ayala, y acusó que quienes difundieron tal información a través de redes sociales como Romualdo Ixpango Merino, presidente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, lo hacen a título personal sin que opere la misma lógica que en los altos de Morelos.
Incluso negó que los niveles de delincuencia en otras zonas como la surponiente de la entidad sean tales para que surjan más grupos organizados que defiendan su territorio y la seguridad de sus habitantes como en los altos. “Sólo son especulaciones, en Amacuzac estamos atentos pero no hay ninguna situación especial”, atajó.
Colín López reconoció “el legítimo derecho de los pueblos de exigir seguridad en sus comunidades” en la parte alta del estado de Morelos, que está bajo el yugo de la delincuencia organizada sometida por el llamado “cobro de piso”.
Detalló que los acuerdos logrados con las comunidades, luego de su protesta el lunes pasado que llevó al cierre de la autopista México-Oaxaca para evidenciar su hartazgo de la inseguridad, se lograron a través de la intervención de los tres niveles de gobierno.
Por lo que se instaló la base de operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los altos de Morelos con mando alterno en la comunidad de Hueyapan, vigilancia permanente de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en las bases del transporte público y unidades que patrullan en los derroteros de aquella zona, esto debido a las denuncias públicas de los transportistas sobre el cobro de la delincuencia de hasta 200 mil pesos “para no hacerles daño”.
La presencia del Ejército será de manera indefinida, dijo, al menos hasta el fin de sexenio -30 de septiembre próximo- y el armamento que puedan portar los pobladores deberá estar regulado por la Sedena, además de trazar una estrategia para capacitarlos y darles a conocer un esquema de operación.
A decir del responsable de la política interna del estado, fue por una denuncia que se investigó sobre la presencia de un grupo de extorsionadores colombianos, pese a que en junio pasado, habitantes de Atlatlahucan, Tlalnepantla y Yautepec retuvieron a seis sujetos sudamericanos, a quienes amagaron con linchar, al relacionarlos con los delitos de amenazas y extorsión en agravio de comerciantes de la zona oriente de Morelos.
Los habitantes dialogaron con las autoridades y entregaron a los individuos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común.
Los casos de extorsiones por presuntos colombianos se reportaron también en municipios como Jonacatepec, Yecapixtla y Ayala. Al respecto el secretario hizo alusión sólo a esta banda delincuencial, sin detallar si se han detectado otras células que operen en la región.
Además, Colín López afirmó que sólo hay una denuncia en la Fiscalía Oriente por extorsión por lo que instó a víctimas de este delito a iniciar sus denuncias.
Según consta en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de este año se denunciaron 13 secuestros ‘extorsivos’ y nueve extorsiones.