Por Uzziel Becerra
“Son unos farsantes, mexicanos. Nos engañaron, putos” fue lo que expresó un migrante hondureño mientras era retenido por una barricada de militares de la Guardia Nacional creada por López Obrador. Lo que el migrante desconoce es que la política migratoria en México está condicionada por los Estados Unidos. La breve construcción de una política migratoria humanitaria y garantista, respecto a la protección de derechos humano, que intentó la 4T en su primer año ha sido modificada para regresar al modelo de contención y criminalización de las personas migrantes, contrario a los convenios internacionales y a la promesa de una “profunda transformación” social y política del gobierno en turno.
Desde el año 2018 hemos observado caravanas de migrantes centroamericanos que han intentado, la mayoría sin éxito, cruzar por territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, puesto que las condiciones socioeconómicas, políticas y de seguridad en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, entre otros, obligan a las personas a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida, o algunos casos sencillamente para sobrevivir, buscando refugio.
El pasado lunes una caravana de migrantes centroamericanos (la primera del año) que salió desde San Pedro Sula en Honduras, intentó cruzar a México con el objetivo de llegar a Estados Unidos a través del río Suchiate que divide a Guatemala y México. Lo que encontraron fue un muro humano de elementos de la Guardia Nacional, evitándoles el paso al utilizar escudos antimotines, gas lacrimógeno y sometiendo a diversas personas con violencia, que incluyó a mujeres y niños. hubo registro de al menos 800 migrantes detenidos, llevados a estaciones migratorias como la de Tapachula, con la seguridad de que serían deportados a sus países de origen, que en su mayoría viajan de Honduras y Guatemala. Hasta ahora en los registros hay más de mil personas deportadas.
El origen del cambio en la política migratoria es la relación México-Estados Unidos. El presidente de Donald Trump, aunado a su retórica antiinmigrante, amedrentó al entonces nuevo gobierno mexicano con cerrar la frontera norte de México, promoviendo la construcción de un muro (uno más alto y sofisticado al menos) y la deportación masiva de los connacionales en tierras norteamericanas con situación migratoria irregular. En junio del 2019 continuó sus amenazas al pretender imponer aranceles a los productos que México exporta a Estados Unidos si el gobierno no contenía el flujo migratorio, así como la imposibilidad de firmar un nuevo acuerdo trilateral (T-MEC). Es así que en junio del 2019, Donald Trump anuncia a los medios que ambos países llegaron a un acuerdo en materia migratoria, comprometiendo a México para controlar la entrada de migrantes centroamericanos militarizando la frontera sur.
De esa forma, la política migratoria mexicana giró por su imposibilidad de negociación, pasando de ser un conflicto centrado en el norte de nuestro país, cuyo centro de atención mediática era Estados Unidos, a un conflicto con atención especial en la frontera sur de México, es decir en los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y teniendo como primera medida el despliegue de la Guardia Nacional en la franja divisoria, buscando que las masas de migrantes no pasen (al menos de forma irregular) a territorio mexicano. Por lo tanto, México se convirtió en el muro que Estados Unidos necesitaba para controlar el flujo migratorio, es decir, hacemos el trabajo sucio de nuestro vecino del norte. Tal como la Policía Federal detuvo a contingentes migrantes del sur en 2018 con Peña Nieto, la Guardia Nacional impide el avance por territorio mexicano de los migrantes y el reconocimiento de refugiados.
Sin embargo, en los últimos seis años, el Estado Mexicano ha firmado y ratificado diversos instrumentos multilaterales que redefinieron el contexto de la cooperación internacional en materia migratoria: La Convención de la Organización Internacional para las Migraciones, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que completa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como el establecimiento de una oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en México, siendo su objetivo el aseguramiento y traslado de migrantes hacia países que ofrezcan posibilidades de inmigración ordenada; ocuparse del traslado de refugiados, personas desplazadas y otras necesitadas de servicios internacionales de migración, entre otros. Con lo actuado recientemente por la Guardia Nacional, se violentan no solo los tratados mencionados, sino los convenios internacionales en materia de desarrollo fronterizo.
Cabe mencionar que el objetivo de las caravanas migrantes no es establecerse en México, sino llegar a Estados Unidos con la esperanza de encontrar oportunidades de vida familiar, de tal forma que, a pesar de las alternativas que ha ofrecido el Estado Mexicano a los migrantes, al ofrecer más de 4 mil empleos disponibles en la frontera sur, rechazan esa posibilidad. En realidad, la opción de que los migrantes sean resguardados por el gobierno mexicano a través del IMM también es desalentadora, puesto que el año pasado hubo varios registros de migrantes fallecidos mientras estaban bajo la custodia de las autoridades mexicanas, entre ellos una niña de 10 años en una estación migratoria en la Ciudad de México y un hombre haitiano que falleció en la estación Siglo XXI de Tapachula, aunado a que se denuncian maltratos, agresiones sexuales, violencia y falta de atención médica oportuna.
El pasado viernes, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al Estado Mexicano que se evite el uso de la fuerza en la detención de migrantes de
las caravanas tras el episodio de violencia reciente buscando garantizar el respeto a los principios básicos de actuación como la proporcionalidad y contención, puesto que existe una amplia evidencia de los maltratos y violación de derechos humanos contra los migrantes. Andrej Mahecic, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que, si bien México tiene derecho a determinar quién entra en su territorio como país soberano, también está sujeto a las leyes y convenios internacionales que ha ratificado sobre la protección de personas migrantes y refugiadas, ya que existe la posibilidad de que haya personas que huyen de contextos de violencia y persecución, teniendo así derecho incluso a pedir asilo al Estado mexicano.
Una de las voces críticas más relevantes fue la de Porfirio Muñoz Ledo, vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y diputado de Morena, quien se pronunció en contra de lo actuado por la Guardia Nacional, acusando las agresiones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, pidiendo que “quienes lo ordenaron deberán responder ante el Congreso”, generando fricciones entre la bancada de Morena al grado que no lo dejaran pronunciarse en la Cámara de Diputados durante la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy Morena está “adoptando los peores métodos del PRI”, declaró Muñoz Ledo, quien se mostró dispuesto a abandonar el partido si se alejara de sus ideales. En este sentido, la disciplina partidaria ejercida desde la Presidencia de la República es determinante; Morena no permitirá que en el Congreso de la Unión se cuestione al presidente, en efecto, como en los tiempos del presidencialismo autoritario.
En entrevista para El Universal, la presidenta de la CNDH declaró que existen tres denuncias ante la institución contra la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Comisionada de Seguridad Pública del Gobierno de Tabasco, por daños a personas migrantes como rasguños, tocamientos, jaloneos, empujones, lesiones y el empleo de gas pimienta. Sin embargo, resaltó que “ninguna de ellas puso en riesgo la vida de los migrantes” que intentaron cruzar a Estados Unidos por territorio mexicano. Lamentablemente, se negó a fijar una postura por el conjunto de actuaciones contra los migrantes, a pesar de reconocer que hubo un trato violento y agresivo contra los extranjeros, es decir, violaciones a derechos humanos.
La entrevista nos deja ver que la “4T” acabó con la autonomía de la CNDH al reconocer su cercanía y afinidad por el proyecto del presidente López Obrador, incluyendo ahora la política migratoria violatoria de derechos humanos y de convenciones ratificadas por el Estado Mexicano, y al compartir el menosprecio por la Institución con el presidente, calificando a la CNDH como un “instrumento de simulación”.
Igualmente lamentable fue la declaración del sacerdote Alejandro Solalinde, quien señaló que la caravana migrante es una provocación contra el Estado mexicano y en concreto contra el presidente de México, pues pretende reventar al gobierno de
López Obrador. No debe olvidarse que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Solalinde encabezó una caravana de migrantes, condenando los operativos del Instituto Nacional de Migración. Aquí es donde, en los hechos, se actualiza el sometimiento de diversos actores y activistas al proyecto político del presidente, incluso en flagrantes violaciones a derechos humanos.
Aquí es donde la realidad, compleja y exigente, supera las expectativas de quienes impulsan la construcción de una política migratoria flexible, humanitaria y garantista. Las condiciones económicas y las relaciones políticas y comerciales determinan en gran medida la posibilidad de apertura a los migrantes de diversas regiones, convirtiendo en letra muerta a los instrumentos y convenios internacionales firmados y ratificados. La idea de una nación única y extraterritorial, la construcción de una ciudadanía mundial o de un mundo sin fronteras es una utopía que ahora es poco refrendada. Ni siquiera el reconocimiento de la condición de refugiado, que garantiza el resguardo de la dignidad humana más elemental, ha podido llamar la atención de los gobiernos. No hay alternativas, la migración seguirá siendo apremiante y poco atendida debido a sus causas profundas: la pobreza, inseguridad, discriminación y la falta de un proyecto político sólido que promueva la tutela de los derechos humanos de las personas en ese contexto. La 4T y sus allegados prometieron eso precisamente; hoy justifican la criminalización del migrante.
*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C.