Por: Uzziel Becerra
A inicios del siglo XXI América Latina vivió una democratización de la región a la que Samuel Huntington llamó la “tercera ola democrática”, logrando consolidar 19 democracias. Al día de hoy, solo han logrado persistir en el tiempo 15 de ellas, demostrando que la democracia puede nacer, desarrollarse y también debilitarse y morir, y son los estudiosos de los sistemas políticos comparados quienes advierten sobre el declive y regresiones de las democracias. Sobre esa advertencia, países como Perú, Bolivia, Venezuela y Nicaragua debilitaron su arreglo democrático y países como Brasil, Estados Unidos, incluso México, se encuentran en constantes tensiones al respecto.
De esa forma, corresponde tanto a la sociedad civil como a las autoridades la reflexión, estudio y prospectiva que posibilite enfrentar de mejor manera los retos de las democracias contemporáneas. Hace una semana, la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y la Asociación Mexicana de Ciencia Política en conjunto con el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional Electoral, dedicaron un congreso para estudiar estas nuevas configuraciones y desafíos de las democracias en América Latina y en el mundo. La importancia de tal actividad es crucial para poder entender hacia dónde se dirigen los problemas de nuestro tiempo; complejos, difusos y desorientadores para las sociedades contemporáneas. Antes de pretender cambiar la realidad hay que entenderla e interpretarla.
El poder se ejerce y se transforma constantemente y de múltiples formas, se configura con nuevos actores y nuevas redes. Ante la desafección de la confianza ciudadana en los partidos políticos y en los representantes populares, aunado al ascenso de nuevas generaciones en la deliberación de los asuntos públicos, nuevas lógicas asisten en la arena de la representación política. Hoy los partidos políticos y las instituciones han dejado de monopolizar el poder, fragmentándose e incorporando nuevas agencias y corporaciones globales. Las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación han posibilitado la reacción-respuesta e interacción inmediata desde cualquier lugar del mundo, cambiando así los viejos moldes de la comunicación política y la articulación de la opinión pública. Pocos gobiernos han podido anclarse en estas herramientas para aprovechar sus ventajas y reinventarse hacia una nueva gobernanza digital, favoreciendo la participación y deliberación pública.
Por otro lado, los desafíos en torno a las coyunturas que vive América Latina son a la ves viejas y nuevas, pues los fenómenos de la excesiva desigualdad, la pobreza en sus múltiples manifestaciones, la violencia política, la inseguridad y dominio de grupos delincuenciales, la falta de servicios públicos eficientes, el poco crecimiento y desarrollo económicos, la corrupción y la impunidad, han sido los temas no resueltos por los países latinoamericanos. Los nuevos retos consisten en que la rapidez con la que el mundo cambia las formas de relacionarse genera nuevas demandas que los gobiernos son incapaces de responder o resolver. Si no se ha resuelto lo más básico, el esfuerzo por atender nuevas demandas se vuelve insatisfactorio. El Estado, sus instituciones y los gobiernos han entrado en una dinámica de revisión constante por parte de sus ciudadanos. La rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y el acceso a la información son temas fundamentales para garantizar condiciones de democracia participativa y deliberativa, cuyas aliadas y enemigas a la vez son las TIC y redes sociales. Las fake news o noticias falsas son el gran reto de los ciudadanos y de los gobiernos, puesto que son producidas con la intención de orientar y estimular una idea o decisión con base en una falsa percepción de la realidad y de los hechos que la acompañan. Su influencia es tan poderosa que cambian la intencionalidad del voto, destruyen la vida privada de las personas y polarizan a la sociedad.
El ascenso de las posiciones político-ideológicas cada vez más radicales y extremistas alertan sobre sus consecuencias en el terreno social, pues en ellas no hay posibilidad de actuar con moderación y tolerancia. Norberto Bobbio decía que en democracia solo las posiciones moderadas pueden tener éxito y permanencia. Lamentablemente, los populismos tanto de izquierda como de derecha han construido sus triunfos con base en la lógica antagonista clásica del siglo pasado, modelando la narrativa del amigo-enemigo, buenos y malos, corruptos e incorruptibles, mafia y pueblo bueno. Lo anterior polariza al electorado y a la ciudadanía de tal forma que, una vez inmersos en el debate antagónico, el espacio para la pluralidad se desvanece, imposibilitando al Estado actuar con la legitimidad suficiente para proteger a las minorías o a los grupos más vulnerables, como en el caso de los migrantes. No debemos olvidar que en una democracia los matices son importantes para conservar la pluralidad.
Ante un escenario como el que vivimos es importantísimo que la sociedad civil, los ciudadanos, sigamos reflexionando respecto de los asuntos públicos, así como la mejor forma de resolver problemas. Los organismos autónomos cumplen de alguna forma ese binomio importante de gobernanza, al incluir a la sociedad civil en la gestión pública, por lo tanto se entiende que el Estado busque limitar o condicionar su autonomía, pues son incómodos para los gobiernos. Ante la incapacidad de reacción de los gobiernos locales, estatales y nacionales, tenemos la responsabilidad de señalar, objetar, cuestionar y exigir la garantía de derechos, las condiciones de vida digna así como la profesionalización de la labor política y mayor apertura para la inclusión, participación y deliberación; dejar atrás los viejos moldes de la relación gobernantes-gobernados hacia el ejercicio efectivo de la relación autoridades-ciudadanos.
