Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 28 de enero.- Más de mil descendientes de revolucionarios zapatistas morelenses demandaron al Gobierno del Estado , el pago de la pensión vitalicia que desde 2012 debieron recibir.
Los afectados promovieron un amparo para obligar al Ejecutivo estatal el depósito de unos 2 mil 200 pesos, el cual fue resuelto a su favor.
Desde diciembre de 2011, hacia el final del sexenio del gobernador panista Marco Antonio Adame Castillo, el Congreso local aprobó la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en el Estado, como un reconocimiento a los descendientes de aquellos que lucharon junto al General Emiliano Zapata, quien nació en el poblado de Anenecuilco en el municipio de Ayala.
El final de sexenio y la transición hacia el poder perredista impidió el pago de dichas pensiones, las cuales debieron entregarse a partir de enero de 2012.
Desde entonces a la fecha, los descendientes de la Revolución no han recibido pago alguno, expuso Arturo Castañeda Paredes, representante del Frente Zapatista de la República.
El pago de las pensiones se otorga a los hijos y nietos de los revolucionarios que acrediten su filiación sanguínea, lo cual se revisa a través de la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios en la que participan un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, un representante del Ejecutivo estatal nombrado por el gobernador y el representante del Frente Zapatista, los cuales deben ser rotados cada tres años, según los estatutos de la propia ley.
Castañeda Paredes denunció que el actual representante del gobierno, Roberto Soto Castor, quien fue el responsable del Área de Implementación de Justicia Penal, tiene la consigna de entorpecer la labor ya que, a decir del representante de los revolucionarios, mintió ante la Comisión al exponer la falta de una de las tres firmas por lo que solicitó de nuevo la realización del dictamen, a pesar que su antecesor, José Luis Jaimes Reyna, entregó a la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos el documento aprobado y firmado por los tres representantes para el pago de 310 descendientes.
Ante estas anomalías, explicó Castañeda Paredes, 30 afectados promovieron un amparo para obligar al gobierno del Estado a realizar el pago retroactivo de 140 mil pesos, 30 mil pesos por concepto de un seguro médico y el pago vitalicio de 2 mil 200 pesos mensuales por el concepto de su pensión.
El fallo fue a su favor, por lo que están a la espera que el Tribunal Colegiado emita su resolución. El representante de los Zapatistas adelantó que más de un centenar de afectados promovieron otro amparo, con igual resolutivo.
Además, realizó la solicitud ante la Comisión de otros 700 expedientes para su acreditación como descendientes revolucionaros.
“Pagar 2 mil 200 pesos mensuales a unos mil 200 descendientes es nada para el Gobierno estatal, pero simplemente no quiere cumplir la ley”, acusó Castañeda Paredes.
Sin embargo, el Ejecutivo estatal debe pagar más de 187 millones de pesos, en caso de que los mil 200 descendientes promuevan el amparo y éste se resuelva a su favor, y mensualmente el pago de pensiones del padrón autorizado y por revisión ascendería a 2 millones y medio de pesos.