Por Uzziel Becerra
Quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón del 2006 al 2012, Genaro García Luna, se encuentra hoy detenido por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia en el estado de Texas por vínculos con el Cartel de Sinaloa y está próximo a ser enjuiciado por delitos de conspiración para narcotráfico pudiendo alcanzar una pena máxima de cadena perpetua, abriendo la puerta a investigaciones ligadas a los gobiernos mexicanos anteriores y a personas de la actual administración.
Conforme a la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tuvo la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Nueva York y Houston y el Departamento de Policía de Nueva York, a García Luna se le acusa de permitir al Cártel de Sinaloa operar con impunidad en México a cambio de sobornos millonarios y testimonios falsos cuando fue el encargado de la Policía Federal y de Seguridad Pública.
El fiscal de Estados Unidos, Richard P. Donoghue, ha explicado que García Luna recibió sobornos millonarios de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a cambio de protección, seguridad durante el transporte y envío de la droga, información confidencial de las dependencias oficiales y datos sobre los cárteles rivales, facilitando la importación de grandes cantidades de cocaína y otras drogas en territorio norteamericano.
Resulta interesante que las investigaciones para la aprehensión de García Luna fueron realizadas por los Estados Unidos, mientras que en México no existía alguna carpeta de investigación por la Fiscalía General de la República sino hasta que se detuvo a Luna y cuando se hicieron públicos los detalles de la investigación norteamericana, lo cual deja en manifiesto que la red de impunidad en México se actualiza a través de negociaciones cada sexenio, pero que su garantía depende de la relación con el gobierno en turno.
La FGR reveló que hay investigación contra Luna por conspirar para traficar cocaína, declaraciones falsas ante autoridad judicial, cohecho, coparticipación en delitos contra la salud y delincuencia organizada, por lo que mostró disposición para cooperar en el caso, asimismo solicitará la extradición del exfuncionario del gobierno panista para la compurgación de su pena. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que se encuentran congeladas cuentas bancarias de seis personas físicas y cinco personas morales ligadas a García Luna.
Por su parte, Felipe Calderón se mostró sorprendido en redes sociales y buscó evadir que tenía conocimiento de las acciones de su secretario de Seguridad, sin embargo, el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier
Herrera Valles, afirmó que no puede decirse sorprendido porque desde el año 2008 le ha informado sobre los actos de corrupción que éste realizaba mientras estaba al frente de la Seguridad en el país, todo ello a través de diversas cartas en las que señalaba anomalías como al imposición de elementos con los que había trabajado en la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio de Vicente Fox, y que habían cometido diversos abusos de autoridad, incluyendo la venta de plazas, secuestro y narcotráfico. Tras la denuncia de Herrera Valles, meses después fue detenido y sentenciado a 10 años de prisión por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, sin embargo, fue puesto en libertad 3 años después al ser absuelto de sus cargos.
El deslinde de Felipe Calderón, construyendo la narrativa de que desconocía las acciones de su mano derecha en la lucha contra el narcotráfico, las redes de complicidad que se gestaban al interior de su propio gabinete y sobre la persona que dirigía los enfrentamientos al crimen organizado es un argumento débil. Suponiendo sin conceder que la seguridad pública es tarea de muchas dependencias y que no depende un solo hombre, salvo la seguridad interior que responsabilidad constitucional del presidente por ser Jefe de las Fuerzas Armadas, no es posible que en el ejercicio de un gobierno como el mexicano, en el que por tradición y diseño institucional el presidente comanda, supervisa y autoriza sobre los movimientos de la seguridad pública, éste pudo ignorar los tratos de García Luna con el narcotráfico.
Cabe recordar que desde el año 2002, Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, fue el primero en acusar a García Luna de recibir dinero y sobornos tras su captura por el gobierno mexicano, a lo que Luna calificó de falsas acusaciones. Recientemente, derivado del juicio contra “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos, el testigo Jesús Zambada García, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, aseguró que García Luna recibió de ellos sobornos de al menos 56 millones de dólares y que entre 2005 y 2007 le dio personalmente 6 millones de dólares.
El juez federal de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, Brian Cogan, quien presidió el juicio contra “El Chapo”, está asignado para administrar justicia en el caso de García Luna, ya que muchos de los elementos de prueba del juicio de Guzmán están vinculados con Luna, por lo que las expectativas de su enjuiciamiento y pena, que sería de una mínima de 10 y máxima de cadena perpetua, tiene como parte medular la posible colaboración del exsecretario de seguridad pública con las autoridades norteamericanas para las investigaciones sobre otros personajes vinculados con el narcotráfico, pues así aminoraría su pena.
De esa forma, la aprehensión de García Luna tuvo como consecuencia inmediata que los reflectores se pusieran sobre Felipe Calderón, lo cual debilita sus intenciones de levantar una alternativa de partido político que pueda hacerle frente en oposición a Morena y al gobierno actual. Si las investigaciones en Estados Unidos avanzan y si Luna entrega información privilegiada al gobierno norteamericano para continuar las investigaciones, podríamos observar la ruptura de una amplia red de corrupción e impunidad que se ha sostenido de sexenio en sexenio a causa del narcotráfico y el lavado de dinero, incluyendo a Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, así como algunos personajes de la “4T” como Manuel Bartlett, quien fue señalado por agentes de la DEA por recibir dinero del Cártel de Jalisco, lo cual pondría a prueba al presidente López Obrador en su compromiso con el combate a la corrupción e impunidad