Por Uzziel Becerra
El pasado 9 de octubre alrededor de 30 universidades públicas se organizaron para realizar un paro nacional y buscar concentrar la demanda de un mayor presupuesto para su funcionamiento regular, puesto que muchas de ellas ya son inoperantes, algunas no lograrán concluir satisfactoriamente el año, y otras trabajan con un presupuesto inconvenientemente ajustado. Ante tal panorama la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) enfatizó que son necesarios al menos 17 mil millones de pesos para regularizar la operatividad de las universidades para el próximo 2020, sin embargo, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue clara al declarar que no caerán en “chantajes” ni presiones. No habrá más aumento extraordinario que el ajuste inflacionario. No habrá apoyo a la universidad pública.
Entre las universidades que se unieron al paro nacional están la Universidad de Guanajuato, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guerrero, Guadalajara, Hidalgo, Puebla, Sonora, Campeche, Colima, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Nayarit, Michoacán, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco, Estado de México, Sinaloa, Chiapas, UNAM y Morelos, entre otras. La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), que agrupa más de 90 sindicatos, dirigió en gran medida la estrategia del paro en favor del aumento en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año, así como el apoyo de partidas extraordinarias para el cumplimiento de los compromisos financieros de las universidades con sus trabajadores en este fin de año.
Mientras que para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se les abren las puertas del diálogo, incluyéndolas en las negociaciones presupuestales, las asignaciones de plazas y el diseño de las evaluaciones para su permanencia laboral, a las universidades estatales se les da la espalda al momento de sumar sus aspiraciones y demandas, tan legítimas como las del SNTE y tanto más necesarias para el desarrollo y progreso del país. La contrareforma educativa permitió de nueva cuenta al Sindicato Nacional tomar las riendas de la educación básica en el país, con los vicios, lagunas e inconvenientes ya conocidos, así como la autoregulación de sus evaluaciones, lo cual permitirá que no se realicen con la imparcialidad necesaria para garantizar un nivel de docencia adecuado a las necesidades de los educandos.
No conforme con lo anterior, el presidente se ha pronunciado a favor de omitir los exámenes de admisión de las universidades públicas, aludiendo que, gracias a ellos, durante el “periodo neoliberal” los jóvenes vieron limitado su derecho a la educación. Lo anterior es una forma de presionar las decisiones de la agenda universitaria nacional, puesto que propone la creación de nuevas universidades para satisfacer la demanda de aspirantes a la educación superior si las ya existentes no logran satisfacer esa necesidad. Lo cierto es que, desde el punto de vista jurídico,
con la constitucionalización del derecho humano a la educación superior en el artículo tercero de la Constitución Federal, los exámenes de admisión sí configurarían una limitación estructural a tal derecho.
La sola posibilidad de eliminar los exámenes de admisión para las instituciones de educación superior públicas acarrea dos grandes problemas: la incapacidad de las universidades para dar entrada y salida satisfactoria a un número incontrolable de personas y, por otro lado, la precarización de la calidad educativa en el nivel superior, pues los incentivos meritocráticos de ingreso, permanencia y salida, es decir, la posibilidad de obtener un título universitario, serían descuidados por la facilidad de su obtención, lo que afectaría directamente en el mercado laboral, contrario a lo que suponemos, en perjuicio de los trabajadores con licenciatura.
El presidente y en general la administración federal parecen no entender la naturaleza y funcionamiento del trabajo académico; deben replantearse el papel que juegan las universidades en la “transformación” de un país. Apoyar para la viabilidad de las universidades, no solo es una inversión necesaria sino un asunto primordial conforme a los más altos valores sociales, pues en su papel como “administrador de los dineros del pueblo”, debe entender que la universidad es el ente formador de generaciones más importante con que contamos.
La Universidad pública no solo produce conocimientos, valores, profesionistas, empleados y empleadores, sino que produce liderazgos, tanto en lo público como en lo privado, capaces de incidir de forma significativa en el entorno. La Universidad transforma no solo al alumno, sino al profesor; favoreciendo el pensamiento crítico, la producción científica, la resolución de conflictos diversos, la atención de necesidades especializadas y generales de toda sociedad. No se trata de eliminar los filtros para que todos ingresen, sino de garantizar que, quienes ingresen, puedan prepararse con los mejores medios disponibles y con los recursos necesarios para su formación integral. En lo que respecta a educación universitaria o superior, siempre será más relevante la calidad que la cantidad de la enseñanza.
El franco rechazo al sector académico del presidente se explica desde sus constantes ataques al CONACYT, a su presupuesto y autonomía técnica; en las solicitudes de renuncia a los científicos que no han perdido el sentido crítico en una nueva administración pública; en la disminución de sus recursos operativos, los espacios para becarios, las oportunidades para ser invitados al extranjero para exponer avances científicos en todas las áreas, etc. El presidente, al verse superado por una élite pensante y crítica, incapaz de modificar sus posicionamientos y reflexiones, se ve en la imperiosa necesidad de incidir en el seno de su organización.
Lo mismo sucede en el caso de las universidades públicas, la creación de una masa crítica y no una de seguidores fieles a la 4T hace inviable (desde el apoyo financiero hasta el respaldo político) el proyecto universitario para su gobierno. Como lo señaló Jorge Volpi durante una entrevista para ‘Tragaluz’ en Milenio, López Obrador se siente atacado por el conocimiento, “pero debería abrazarlo”. Hoy, el presidente ha decidido abrazar a la CNTE y dar la espalda a más de 30 universidades públicas, reviviendo así el paradigma del gobierno corporativista típico del PRI posrevolucionario: si los universitarios no se alinean a los objetivos, peticiones e intereses gubernamentales, no habrá apoyos. Eso es en realidad la 4T.