Por Uzziel Becerra
Tras la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, derivada de una investigación internacional que lo vinculaba al lavado de dinero, el presidente López Obrador propuso al pleno del Senado una terna compuesta por mujeres, para determinar quién sería ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 15 años. Ana Margarita Ríos Farjat, quien fungiera como Jefa del Servicio de Administración Tributaria nombrada por Obrador desde 2018, es hoy la nueva Ministra de la Corte.
Con ello, el presidente ha colocado a los siguientes ministros: Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara, la reciente ministra Ríos Farjat y, hasta el 2021 tras concluir sus 15 años de ejercicio, deberá enviar terna para suceder a Fernando Franco. De esa forma, los bloques de ministros de la Corte se reconfiguran, siendo mayoría los inclinados por la 4T, puesto que el Ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, también cuenta con el visto bueno del Ejecutivo Federal.
El nombramiento de Farjat se ha controvertido en la opinión pública por su escasa formación como administradora de justicia o de carrera judicial, y su relación con el presidente. Y esa relación entre el gobierno federal y la nueva ministra se ve reflejada en los hechos. Con información obtenida de El Financiero, desde 2017 Ríos Farjat ha colaborado con López Obrador en la elaboración del Plan de Nación en el área de gobierno y justicia. Asimismo, a partir de julio del 2018 formó parte del equipo de transición del gobierno federal y desde diciembre del mismo año, fue nombrada Jefa del SAT. Es decir, es una persona cercana al presidente.
Durante su primera comparecencia ante el Senado, Farjat refirió que se ha asumido libre y autónoma durante su tránsito en la vida judicial, la vida de litigante, abogada independiente, en la academia, de abogada en causas sociales y en la discusión periodística del derecho, así como del servicio público, puesto que se ha desempeñado en todos esos sectores durante su ejercicio profesional.
La ministra Ríos fue entrevistada por los medios tras su comparecencia, y fue cuestionada sobre si su llegada se debía al vínculo con la presidencia, a lo cual calificó como “una falta de respeto a la institución” y señaló que a pesar de que podría ser un vínculo, no observa problemas con la autonomía de su trabajo, pues es y seguirá siendo público.
En la terna se encontraban también Ana Laura Magaloni Kerpel y Diana Álvarez Mauri, que obtuvieron 25 y un voto respectivamente. Contrario a lo que ocurrió en la designación de la Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el procedimiento de elección tuvo un ambiente menos tenso y con mayor transparencia, puesto que se registraron ocho sobres que no fueron utilizados en la votación, así como la contabilización de los votos nulos, mostrando incluso la forma en que estaban doblados.
Como exjefa del SAT, Ríos Farjat refirió que durante su encargo, analizará todos los casos relacionados con temas fiscales, lo cual por una parte preocupa en cuanto a los criterios que como Ministra pueda tener respecto de los amparos promovidos a causa de las reformas fiscales del año 2020 y, por otra, genera buenas expectativas en cuanto al combate a la corrupción, puesto que una sentencia de Medina Mora se protegió el secreto bancario de cuentas vinculadas con el narcotráfico, circunstancia en la que Farjat participó investigando desde su posición en el SAT.
Si el vínculo entre Rios Farjat con el presidente es fuerte, al grado de responder para inclinar la balanza de los votos del pleno de la Suprema Corte, se verificará la lógica de los bloques en el más alto tribunal de nuestro país. Además, tendría injerencia sobre amparos de trascendencia nacional, en casos atraídos previamente para su resolución, cuando la Corte realice el control de constitucionalidad concentrada; al momento de que los ministros resuelvan las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, entre otros asuntos relevantes como la revisión a la Ley Bonilla.
No se debe olvidar que una democracia constitucional requiere plena independencia de los impartidores de justicia, sobre todo en la integración del máximo órgano jurisdiccional del Estado. Solo así se podría garantizar una efectiva separación de poderes, tan necesaria para el resguardo del orden constitucional al que está llamada la Corte a defender. La SCJN es un Poder del Estado que garantiza los pesos y contrapesos de los que hablaba Montesquieu, cuando afirmaba que “solo el poder puede limitar al poder”, por lo que su vinculación al poder público del Ejecutivo puede romper esa dinámica constitucional e interpretarse como el inicio de las regresiones democráticas más fundamentales.