Por Uzziel Becerra
Entre gritos, empujones y manifestaciones con carteles señalando fraude a la elección, se realizó la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra a la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El conflicto por la toma de protesta al interior del Senado de la República tiene varias aristas, entre las cuales destacan la falta de legalidad en el procedimiento de elección, su cercanía con el poder en turno y los compromisos políticos que de ella se pueden derivar, así como el desconocimiento de áreas tan importantes como la protección a la libertad de prensa y las violaciones a derechos humanos de los periodistas.
María del Rosario Piedra Ibarra, hija de la primera candidata a la Presidencia de la República en 1982, Rosario Ibarra de Piedra y quien recientemente fuera galardonada con la medalla Belisario Domínguez en el Senado, es licenciada en Psicología por la UANL y maestra en psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación. Ha sido activista y luchadora social a través del “Comité ¡Eureka!”, una organización civil fundada por su madre, dedicada a los familiares víctimas de la desaparición forzada de personas, por la desaparición de su hermano Jesús Piedra en 1974, por pertenecer a la Liga Comunista 23 de septiembre.
De esa forma, el activismo social y político de la familia Piedra Ibarra giró en torno a protestas, marchas y huelgas de hambre denunciando diversas detenciones ilegales, asesinatos, desaparición forzada y presos políticos. Esa herencia de lucha por la justicia para las víctimas, desde la propia experiencia, es el principal argumento para sostener a la electa Presidenta de la CNDH.
Sin embargo, en su relación con el poder, Piedra Ibarra ha sido candidata a diputada federal por Morena y secretaria de derechos humanos del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido por cuatro años, desde 2015 y hasta presentar su renuncia para contender por dirigir el órgano público y constitucionalmente autónomo, incluso se afirma que no existe evidencia de su renuncia en tiempo y forma, siendo así imposibilitada para contender por la Comisión. Su cercanía con el presidente López Obrador ha quedado manifiesta en diversos eventos públicos, en los cuales le respalda, le apoya y, en esta ocasión, obliga a la bancada de Morena en el Senado a defender su nombramiento a toda costa, incluso violando la ley.
El día 12 de noviembre, con 67 votos en contra y 46 a favor y 9 abstenciones, el pleno del Senado de la República rechazó la propuesta para la sustitución de la última votación para elegir al presidente de la CNDH propuesta por el senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, al intervenir en la tribuna cuando se discutían mociones para que se pospusiera o se repusiera totalmente el proceso de elección. Lo anterior porque en la primera elección realizada el pasado 7 de noviembre para designar Ombudsman mexicano entre Rosario Piedra, Arturo Peimbert Calvo y Jesús Orozco, se depositaron 116
votos en la urna, de los cuales sólo se contabilizaron 114, por lo que hubo una violación al conteo y, dado que Ibarra solo obtuvo 76 votos, no se habría logrado una mayoría calificada como lo exige la ley para la designación del cargo.
Y aunque senadores del PAN presentaron sus mociones para reponer el procedimiento de votación de la presidencia de la Comisión, estos fueron rechazados. La senadora coordinadora de la bancada del PT también se sumó a favor de reponer el procedimiento de elección del titular de la CNDH para garantizar legitimidad y transparencia en el proceso, corriendo con la misma suerte.
El conflicto se agravó tras las primeras declaraciones de Rosario Ibarra al asegurar irónicamente que no existían asesinatos a periodistas en la administración de López Obrador, lo cuál ha sido duramente criticado por la evidencia en contrario, pues se han registrado al menos 13 asesinatos de periodistas en los primeros 11 meses del Gobierno de López Obrador, según la organización Periodistas Desplazados en México. Además, la misma interpuso una queja ante la propia CNDH en contra de la nueva titular por su respuesta, puesto que su respuesta “provoca una sensación de vulnerabilidad ante el desconocimiento de tan cruda realidad”.
En ese sentido, de acuerdo con la información expuesta por “El Universal”, el Comité para la Protección de los Periodistas reveló que México es el país con más asesinatos de periodistas en el 2019 a nivel global y el séptimo país con más impunidad en los a los crímenes contra periodistas, al publicar su índice global de impunidad. Los autores del índice y del propio Comité han señalado que desde 2008 a la fecha la impunidad se ha elevado cada año. En el indicador global, México tiene nivele de homicidios sin resolver contra periodistas con países similares a Sudán del sur, Afganistán, Siria, Irak, Filipinas, Rusia, Nigeria e India.
Por lo anterior, está claro desde ahora que la nueva Ombudsman mexicana no tienen su agenda la protección de la libertad de expresión y de la garantía de los derechos humanos de los periodistas en México. Asimismo, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación, Rosario Ibarra crítico el trabajo de las pasadas administraciones de la CNDH, así como los pronunciamientos de los partidos que se opusieron a su designación.
La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se equivoca al referir que la Comisión no constituye un contrapeso al Gobierno Federal, puesto que la intención de diseñar un instituto y un procedimiento para recomendar a la autoridad pública el resguardo, respeto y restitución de Derechos Humanos, en los hechos, constituye uno de los principales límites y contrapesos al poder público, en beneficio y amparo de los ciudadanos.
La toma de protesta de Ibarra demuestra la necesidad de abrir los mecanismos de elección a entrevistas y debates públicos, para qué la ciudadanía se pronuncie al respecto y que los perfiles a disposición en la integración de la terna estén dotados
de legitimidad no solamente política sino social, aunado a una carrera dedicada al estudio y protección de los Derechos Humanos.
Mientras tanto, cuatro miembros del Consejo Consultivo de la CNDH, María Ampudia González, Mariclaire Acosta Urquidi, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz, presentaron la renuncia a sus cargos honoríficos de manera inmediata e irrevocable, por considerar que la cuestionada elección de la nueva titular le resta legitimidad “a una institución ideada para defender a la sociedad de los abusos de poder del Estado, cuyas principales herramientas para llevar a cabo su tarea son la Pluralidad e Independencia, la Libertad de Criterio, la Autonomía de Gestión y el Apego Irrestricto a la Norma Constitucional”, lo cual les acarrearía el riesgo de incumplir con el mandato de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución”. Y sentencian que no será posible mantener el principio de Autonomía de Gestión de la Institución, por presagiar el sometimiento abierto de la CNDH a los intereses de quienes detentan el poder político.
En efecto, la forma de imponer a Piedra Ibarra, a pesar de los méritos que del activismo social y político pudieran reconocerse, deslegitima su posición como titular del organismo público autónomo y acarrea la falta de confianza en su liderazgo, la independencia de la CNDH, la libertad de emitir recomendaciones a la administración en turno, así como el debilitamiento institucional de la Comisión para efecto de ser un contrapeso a los abusos de autoridad.