Por Uzziel Becerra
Cuando los ciudadanos de un país logran generar consensos, o al menos coincidencias estables, en torno a demandas y exigencias para con su gobierno, éste no tiene más opción que incluir en su agenda dichas pretensiones. Así ha sucedido en Chile, tras una serie de acontecimientos que incluyen las manifestaciones pacíficas, saqueo y el deterioro de bienes públicos, violaciones a derechos humanos, enfrentamiento entre la sociedad civil y el sector militar por órdenes del gobierno chileno.
De acuerdo con información en medios internacionales, más de un millón doscientas mil personas se concentraron en la Plaza Italia, en la capital chilena, Santiago, tras una semana de protestas en diversas ciudades del país; se convocó a ser la más grande desde el retorno de la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet. Aunque la marcha se llevó a cabo mayoritariamente de manera pacífica, hubo manifestaciones violentas, saqueos, incendios, violencia a monumentos, ataque a oficinas gubernamentales, entre otros, lo cual encendió los ánimos militaristas del país.
Todo inició (mejor dicho estalló) cuando el gobierno de Sebastián Piñera, presidente por segunda ocasión, político de inclinación demócrata cristiano y empresario (cuya fortuna es ampliamente conocida en todos los estratos), anunció el cuarto aumento del precio del pasaje del metro en 30 pesos, alcanzando los $830 pesos chilenos (que para dimensionar, corresponde a $21.56 mexicanos) en menos de dos años, lo cual desencadenó un descontento generalizado, primero por parte del sector estudiantil, quienes organizaban evasiones masivas al pago por derecho de uso del servicio, al levantar los torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar, y luego por la población en general, al manifestar el rechazo al alza del precios a través de movilizaciones y también hechos violentos como el incendio de estaciones del metro, la quema de autobuses, el saqueo en supermercados locales y ataques a varias instituciones públicas.
Los motivos que explican la indignación popular encuentran un antecedente amplio en torno a la desigualdad, habiendo experimentado recortes importantes en el sector de la salud y educación públicas, alto un costo de vida, un altísimo costo del transporte público, agua, luz y otros servicios. El modelo de pensiones en aquel país se ha constituido como privado de capitalización individual, por lo que depende exclusivamente de los ahorros de los trabajadores, ahorros que para la mayoría de la población son incosteables. Asimismo, gracias al incremento de la clase media (precarizada pero sin pobreza) los excesivos costes de servicios obligan a las personas a adquirir créditos por prolongados lapsos. El nivel de vida incluye así un alto nivel de endeudamiento privado y público.
A pesar de que el nivel de vida de los chilenos es relativamente estable, pues tienen uno de los mayores niveles de PIB per cápita en Latinoamérica, el valor del salario (el sexto más alto de los países en América Latina) es insuficiente por el encarecimiento de productos y servicios. Conforme a información de BBC, después de la alimentación, el transporte es el segundo gasto más importante de las familias chilenas, seguidas de la vivienda y los servicios básicos. Sin embargo, el 60% de los hogares gasta más de lo que reciben como ingresos mensuales, lo cual explica el alto endeudamiento de las familias y el descontento social por el alza de precios a servicios públicos.
El punto de inflexión se presentó cuando el presidente Piñera decretó el Estado de Emergencia para el país la noche del viernes 18 de octubre, mismo que no se había presenciado desde los tiempos de la dictadura de Pinochet; conocido también como estado de excepción, es un estado de cosas en la que el Estado se encuentra imposibilitado para garantizar derechos humanos de manera parcial o total con el fin de garantizar el orden público. Asimismo, se decretó el toque de queda para la ciudadanía desde las 19:00 hrs hasta las 6:00 hrs en diversas regiones del país, con el fin de que la intervención militar redujera las manifestaciones y a los tumultos.
Para entender la decisión de Piñera al decretar el estado de emergencia, veamos los rezagos de su historia: una Constitución promulgada en 1980, durante el régimen militar del general Pinochet, que se encuentra vigente, que mantiene un sistema de seguridad social amplio para los integrantes de la milicia, aunado a otros privilegios sociales y políticos de la clase militar; un modelo económico que sentó sus bases en la dictadura, obstruyendo la realización y garantía de derechos sociales, desigualdad no solo material sino política y cultural. Desde el punto de vista de la tradición militar chilena, una herencia pretoriana, que se manifiesta como la necesidad de utilizar a las fuerzas armadas del Estado con el fin de establecer el orden interno, y no la protección ante amenazas externas, que es su verdadero propósito. El pretorianismo chileno, como un legado de la dictadura que se esconde a través de los privilegios de la clase militar, se manifestó contra los ciudadanos manifestantes en forma de represión, lesiones, golpes y violaciones a los derechos humanos.
El saldo del despliegue militar, conforme a los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, fue de al menos un millar de heridos por impactos de armas de fuego y bombas lacrimógenas, más de tres mil detenidos y 19 fallecidos, entre ellos seis extranjeros, personas torturadas y violaciones sexuales. Un saldo que no se dejará pasar por alto.
Con el objetivo de que Chile recuperara la normalidad institucional, el presidente chileno firmó este domingo varios decretos para levantar el estado de emergencia en todas las regiones y comunas en que se había establecido, retirando así a los militares de las calles por las protestas sociales, a partir de las 00:00 hrs del lunes 28 de octubre.
Así, con el transcurrir de los acontecimientos, Piñera anunció una agenda de reformas de carácter social, asegurando haber escuchado las legítimas demandas de la ciudadanía, entre las que destacan el establecimiento de un ingreso mínimo garantizado, la estabilidad de precios en productos de primera necesidad, el aumento inmediato de la Pensión Básica Solidaria y del Aporte Previsional Solidario; un Seguro de Enfermedades Catastróficas y un seguro de gastos en medicamento; y la anulación inmediata del aumento de las tarifas en transporte.
De acuerdo con una encuesta realizada por Pulso Ciudadano, de Activa Research “Crisis en Chile”, el 80% de las personas desaprueban el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, observaremos si la habilidad del mandatario es suficiente para recuperar la estabilidad política nacional, pues ha deambulado de pedir perdón “por la falta de visión”, reconociendo que “los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud”, hasta ofrecer la destitución de su gabinete para formar un nuevo gobierno, de acuerdo con esa tesitura.
Se dice que hay ciudadanía de baja intensidad cuando, en un país, los ciudadanos se limitan a ejercer su derecho al voto y con ello concluyen su participación en los asuntos públicos, pero formar parte de una manifestación, por varios días y con una agenda en común, es ejercer derechos políticos de asociación, reunión, libertad de expresión y libertad de exponer las preferencias políticas, a favor o en contra del gobierno en turno, construyéndose un proceso de ciudadanía activa, lo cual tendrá consecuencias respecto a la correlación de fuerzas políticas.
Al final, la acción colectiva de los manifestantes chilenos se origina desde abajo, desde una ciudadanía enfadada y en una profunda desigualdad política y social, para buscar mejores condiciones de vida. Mientras las desigualdades sigan ensanchándose sin distinción o matices, las instituciones seguirán deteriorándose y no existirán condiciones de desarrollo a largo plazo, como es deseable para toda nación en vías de desarrollo. El pretorianismo o militarismo junto al modelo económico forman parte de los rezagos de la dictadura chilena que hoy recobran vida y ponen en jaque a la élite político-económica de Chile, pues una ciudadanía activa y en proceso de consolidación dará seguimiento a los cambios propuestos por el Ejecutivo y su desistimiento forzoso.