Por: Uzziel Becerra
El periodismo, como una profesión vinculada correlativamente a la libertad de expresión, de pensamiento, imprenta, prensa, divulgación y acceso a la información, mantiene una estrecha relación con los procesos políticos, y más aun con los acontecimientos que marcan un hito en las sociedades del mundo. Es a través de sus ojos, de su narrativa, que podemos conocer y observar lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, es por las mismas razones, una actividad que trae aparejada la crítica, el señalamiento, la problematización y la búsqueda de la verdad, aun en contra del criterio de quien detente poder político, el cual está interesado en mantener una determinada versión de la historia, una versión a su favor.
La incorporación de las llamadas “mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador, han tenido como consecuencia su exposición diaria con la prensa, lo cual le ha permitido marcar la agenda en la opinión pública y abrir el debate respecto a una gran diversidad de temas, pero también dejó abierta la puerta al escrutinio de la prensa, con la responsabilidad pública de responder a las preguntas y cuestionamientos.
Lamentablemente, las consecuencias han sido en perjuicio de la prensa, de los periodistas en particular y, en última instancia de los ciudadanos comprometidos con la diversidad de fuentes de información.
Prensa fifí, conservadora, amarillistas, santa inquisición, entre otros reclamos a la prensa ha realizado el presidente, como en el caso de revista Proceso al cual acusó de no portarse bien con ellos, por ser críticos, y hasta traer como referencia la frase de Madero “Le muerden la mano a quien les quitó el bozal”, en el contexto de confrontación entre el presidente y los medios impresos de la época posrevolucionaria. Insultos y afrentas que irresponsablemente se realizan, no importando la legitimidad de quien ostente el mandato, desde el poder público.
La mañanera con más fricciones ha sido la del pasado jueves 31 de octubre, por las inconsistencias de las versiones sobre la captura de Ovidio Guzmán, en la que el gobierno trató de rectificar su información, dando una relatoría de hechos sobre lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa. Por la insistencia de los periodistas presentes en la conferencia de prensa, el presidente recordó la frase citada por Gustavo Madero.
Al acusar de perros sin bozal, por la frase de Madero, busca comparar su persona y su gobierno con el triunfo posrevolucionario. Si bien esa es la narrativa que ha construido la “4T”, como una pretendida transformación profunda de la vida pública, en realidad ha sido la prensa quien ha defendido, luchado y ganado las batallas concernientes la libertad de pensamiento, de expresión, de información, de difusión, de imprenta y, con ello, la expresión de las preferencias políticas, como un prerrequisito de todo régimen democrático. La lucha de López Obrador por el poder público, por la Presidencia de la República, de ninguna manera puede calificarse como una defensa de la libertad de expresión; la lucha por el poder no es sinónimo de garantía de derechos, como quiere hacerlo creer a los ciudadanos. Si el presidente no está comprometido con la libertad de expresión y con el acceso a la información, con todo lo que ello implica en términos de responsabilidad pública, no puede llamarse demócrata ni republicano.
Un caso similar al que vimos en dicha mañanera, de un Ejecutivo intolerante con la prensa, es el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tiene constantes encuentros con los medios en las conferencias de prensa. En ambos casos, el presidente responde, reclama, difama, intimida y ataca a los medios de comunicación que ponen en tela de juicio sus acciones, que cuestionan y buscan la información pública.
Al respecto, el periodista Luis Cardona del diario digital La Opción de Chihuahua sufrió las consecuencias de las crispaciones con el presidente, al retirársele la acreditación para asistir a las conferencias matutinas, denunciando que fue intimidado por personal de Comunicación Social de Presidencia.
Ante su denuncia, Presidencia trató de justificar en un error la baja del periodista y devolviendo su acreditación, sin embargo los hostigamientos y mensajes permanecieron, invitándole a callar. Aquí una acción concreta de que, el presidente que en el discurso y ante las cámaras se pronuncia a favor de la libertad de expresión, manda a callar a sus disidentes.
El derecho de acceso a la información, como un derecho de todos los ciudadanos, implica que toda la información en manos de servidores públicos o trabajadores del Estado, es un buen público, susceptible de ser solicitado, tanto en una conferencia de prensa como a través de los portales de transparencia, y que la autoridad está obligada a proporcionar por todos los medios existentes. Si las autoridades no entienden el nuevo paradigma que apareja este derecho, así como las implicaciones de la libertad de expresión, no existen condiciones de democratización en el país como las que presume el gobierno de la llamada “4T”.