Por: Uzziel Becerra
“Discrepancias en materia económica hubo muchas…en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”. “Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo…”; “…me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública”. Con estas palabras el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías renunció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Su texto puede interpretarse como una denuncia sobre la forma en que se toman decisiones en la administración pública federal, y sus señalamientos versan desde discrepancias en materia económica, decisiones de política pública sin suficiente sustento y política económica con base en evidencia y libre de extremismos, hasta la imposición de funcionarios inexpertos en la materia y con un “patente conflicto de interés”. Preocupante a todas luces.
La renuncia del exsecretario Urzúa ya tiene repercusiones: la bolsa mexicana de valores registró una caída de 1.48% y, por cuanto al tipo de cambio, una caída de 2.25% con respecto al dólar. La calificadora internacional Moody`s Investors Service recortó el pronóstico de crecimiento de México a 1.2%, lo cual debilita el grado de confianza de los inversionistas. En efecto las personas que dirigen la política económica del país repercuten en la confianza de los mercados e inversionistas, para bien o para mal. La renuncia de Urzúa fue, sin duda, una mala señal. Hacer público el nombramiento de Arturo Herrera como encargado de despacho de la SHCP es pretender ocultar una realidad con respecto a los conflictos que pululan al interior del gabinete.
A la fecha, de todas las renuncias que se han presentado al presidente López Obrador, algunas han destacado por ser controversiales. Germán Martínez Cázares, quien fuera director del IMSS, renunció en mayo de este año, acusando que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda ejercían una influencia perniciosa en el instituto, injerencia de esencia neoliberal, por el ahorro excesivo e inhumano; por los recortes de personal y un rediseño institucional que privilegia el cargo sobre el encargo, entre otros. Lo anterior dicho por el mismo Martínez Cázares en su escrito de renuncia dirigido al presidente.
En segundo lugar, Tonatiuh Guillén López, quien fue presidente del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), renunció a su cargo como Director del Instituto Nacional de Migración luego de que el gobierno federal anunció las medidas acordadas con el gobierno de Estados Unidos respecto a la reducción del flujo de migrantes centroamericanos, entre ellas el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras del país. Asimismo, la renuncia de Josefa González Blanco al frente de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien dimitió luego del percance medioambiental del mes de mayo por el exceso de partículas PM2.5 derivado de los incendios forestales que repercutieron en el Valle de México, sin embargo, el pretexto fue por retrasar un vuelo. También Clara Torres Armendáriz, exdirectora de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar, quien renunció tras la decisión de cancelar el programa de apoyo a las estancias infantiles; y la renuncia de Guillermo García Alcocer como presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por considerar que había un choque de enfoques técnicos y puntos de vista incompatibles en materia energética.
Aunado a lo anterior, el mismo día en Urzúa presenta su renuncia, Gualberto Ramírez Gutiérrez renuncia a dirigir la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Aunque no se divulgó el escrito de renuncia, su dimisión no puede presumirse positiva.
De las renuncias podemos observar que las causas de dimisión se centran en la incompatibilidad de los criterios técnicos de los trabajadores de Estado, con los criterios y decisiones del presidente. Prueba de ello son los dichos de López Obrador en los que comparó la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo de Urzúa “como si lo hubiese hecho Castens o Meade”. Aunque se pueda argumentar que el presidente tiene la facultad para sobreponerse a las decisiones de sus secretarios, el matiz se encuentra en que (en teoría) el presidente elige a su personal para que realice con responsabilidad, profesionalismo y eficiencia las labores que la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal les mandata. Cuando de administración pública hablamos, no basta la honestidad del personal o la lealtad un proyecto político, se requiere de conocimiento experto, técnicas, metodología, indicadores y evidencia científica para la correcta toma de decisiones. El compadrazgo “honesto” no sirve al momento de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, en cambio, se debe tener el perfil adecuado para el buen desempeño de las funciones públicas.