Por: Uzziel Becerra
El planteamiento del presidente de los Estados Unidos de clasificar a los carteles del narcotráfico de México como terroristas acarrea diversos problemas, desde lo meramente conceptual hasta las tensiones de la relación diplomática entre los países vecinos, así como el riesgo latente de una intervención militar en tierras mexicanas, para combatir a los principales grupos del crimen organizado que han cobrado la vida de ciudadanos tanto mexicanos como estadunidenses, en perjuicio de la soberanía nacional.
A raíz del asesinato de los 9 integrantes de la familia LeBarón, cuando viajaban de Bavispe, Sonora, hacia Las Moras en Chihuahua, diversos senadores estadounidenses manifestaron que Estados Unidos debía considerar la clasificación de los cárteles de la droga mexicanos como terroristas que atentan contra la vida de los ciudadanos norteamericanos en tierra extranjera, enviándola al presidente Donald Trump para que respaldara la propuesta.
La familia LeBarón pidió al gobierno de los Estados Unidos su intervención para combatir a los carteles de la droga, fundándose en su doble nacionalidad mexicana y norteamericana, ofreciendo la interpretación de que los cárteles mexicanos buscan poder político para crear un “narcoestado”.
Cuando el activista Julián LeBarón menciona que los cárteles mexicanos cometen actos terroristas en México, hace referencia a la crueldad y el sufrimiento que viven las víctimas de la violencia, aunado al control ejercido en los territorios en que se encuentran constituidos, actualizando la necesidad de la intervención norteamericana. La marcha que ha convocado para el primero de diciembre tiene su justificación en la exigencia de un Estado que no pudo brindarle seguridad a su familia, y exige una reunión con el presidente Obrador para externar el dolor y las problemática que se vive en la comunidad norteña del país.
La polémica se desató luego de que el periodista Bill O’Reilly realizara una entrevista a Trump en la que le preguntó si estaba dispuesto a clasificar a los carteles de la droga como terroristas, a lo cual contestó de forma afirmativa y contundente, mostrando su decisión de realizar el procedimiento legislativo necesario para conseguirlo. Asimismo Trump recordó el ofrecimiento que realizó a López Obrador para que las fuerzas estadounidenses pudieran cooperar en el ataque contra el crimen organizado, mismo que en aquella ocasión fue rechazado por el presidente Obrador en los hechos.
El conflicto con lo conceptual ha envuelto a diversos actores políticos, como el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien avala la intervención del ejército estadounidense en el combate a los carteles por la clasificación de terroristas. Sin embargo, contrario a lo que declaró el gobernador panista, terrorismo no es solamente causar terror a la población por la violencia del crimen organizado.
El terrorismo en su forma clásica presenta algunas características fundamentales: 1) consiste en una estrategia colectiva o grupal, ideológicamente homogénea, que busca legitimar su lucha armada entre una nación; 2) recurre a la violencia generalizada para mostrar la capacidad de golpear el centro del poder político de un Estado o gobierno con el fin de derrocarlo; y 3) se aprovecha de condiciones sociopolíticas de inestabilidad, otorgando u ofreciendo una alternativa de reorganización que atenta contra las instituciones de los gobiernos constituidos.
Asimismo el profesor Javier Oliva de la UNAM planteó ante los medios que el terrorismo tiene históricamente cuatro reivindicaciones que se mezclan entre sí: 1) separatistas o independentistas, 2) étnicas, 3) religiosas y 4) político-ideológicas. Los cárteles de la droga en México no tienen ninguna de esas características u objetivos, sino que sencillamente se motivan por el lucro o ganancias económicas exuberantes. Lo anterior acarrea el problema de incentivar al narcotráfico de nuestro país a perseguir objetivos de apropiación política que a la fecha no tienen.
A pesar de que el presidente López Obrador asegura que el Estado mexicano tiene las capacidades técnicas y los recursos para desactivar o desmantelar a los cárteles y organizaciones criminales que operan en nuestro país, la realidad es que los episodios como el de Culiacán, Sinaloa, en el operativo contra Ovidio Guzmán demuestra que, en realidad, son los carteles quienes tienen la capacidad de hacerle frente a las fuerzas armadas y policiacas mexicanas. En ese sentido, la experiencia de Culiacán otorga un presente exitoso al narcotráfico para plantearse nuevos objetivos.
Respecto a las iniciativas presentadas en el Congreso de los Estados Unidos para la clasificación de terrorismo a los carteles del narcotráfico, éstas han sido presentadas desde el mes de marzo por los republicanos Roy Chip y Mark Green, y ha sido turnadas al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, sin embargo todavía debe de pasar a revisión al Senado, para que posteriormente el Departamento de Estado de E.U.A. pueda nombrar como organización terrorista extranjera a los carteles de la droga mexicanos.
Si ocurriese así la Ley antiterrorista y de pena de muerte darían facultades a E.U.A. para intervenir en el país, como en el caso de Siria, Irak y Afganistán, desplegando tropas, combatiendo células terroristas locales y realizando ataques a grupos que pongan en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos en territorio mexicano. Asimismo se haría posible congelar las cuentas bancarias a sujetos investigados por presuntos vínculos con terrorismo, exigir un control más estricto en las aerolíneas que crucen de México a Estados Unidos, hacer rigurosa la política migratoria.
En México, las declaraciones del Presidente de la República sobre el posible intervencionismo y la vulneración de la soberanía nacional, han mostrado una postura adecuada y equilibrada: cooperación sí, intervencionismo no. Esto es así porque la diplomacia entre ambos países provocaría tensiones derivadas de la respuesta, afirmativa o negativa, que se realizarse con posterioridad al decreto que formalizaría la clasificación de terrorismo en México por los carteles de la droga.
En ese supuesto, el gobierno mexicano estaría entre la espada y la pared, puesto que, si se negara a recibir a los elementos militares estadounidenses para intervenir en el combate al terrorismo mexicano, ambos gobiernos entrarían en una tensión que provocaría al gobierno estadounidense a aplicar su Estrategia Nacional para Combatir al Terrorismo, buscando la forma de amedrentar desde el sector de las relaciones económicas y comerciales, para que el gobierno mexicano se da al cumplimiento de los objetivos planteados por los Estados Unidos. El nuevo Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC, por no haber sido ratificado aun por el Senado de E.U.A., sería el instrumento de chantaje comercial y económico para el gobierno mexicano, pues podrían imponerse restricciones de circulación terrestre, aérea y marítima entre los países vecinos.
El caso contrario también es problemático, puesto que si México aceptara el trabajo conjunto, estaría obligado a compartir la información privilegiada sobre estos grupos criminales, lo cual, debido a la amplia complicidad entre diversos niveles de gobierno con el narcotráfico, pondría en riesgo no solo la red de corrupción e impunidad que ha protegido los nombres de muchos funcionarios, a su vez que permitiría al país vecino la intervención militar conforme a protocolos y procedimientos propios y sin autorización del gobierno mexicano, en perjuicio de la soberanía nacional en cuanto al resguardo de la seguridad y a la toma de decisiones internas como país soberano.
Respecto a las declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la postura también ha sido equilibrada y respetuosa, pero el debate debe girar en torno a la cooperación mutua respecto al combate de la delincuencia organizada transnacional y no sobre la clasificación a terrorismo de forma unilateral en Estados Unidos.
Si la capacidad diplomática del Estado mexicano a través de sus representantes y del propio Secretario de Relaciones Exteriores es suficiente, podremos observar el desistimiento el presidente Donald Trump sobre la propuesta de los legisladores para clasificar al terrorismo mexicano, teniendo en consecuencia que negociar las formas de cooperación bilateral en el combate al narcotráfico, la distribución y venta de armas y el cumplimiento de objetivos de seguridad nacional de manera conjunta. En pocas palabras, estaremos obligados a cooperar.