Por Uzziel Becerra
El reciente atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el asesinato de un Juez en Colima evidencian la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en el país y su afrenta contra el Estado mexicano, amenazando no solo la paz y seguridad de la población sino la gobernabilidad de diversas entidades de la República, así como la administración de justicia. De esa manera, junto a las crisis económica y sanitaria vigentes, la seguridad es el otro enorme reto para el Estado mexicano que dirige el gobierno de López Obrador.
Ambos eventos desafortunados, atribuibles al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han alarmado a la opinión pública y ponen nuevamente en la mesa del debate nacional la estrategia de seguridad del gobierno federal para enfrentar el avance de los carteles de la droga más poderosos del país. Primero, el juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa, Verónica Barajas, fueron asesinados en su domicilio el día martes 16 de junio a las 11:00 hrs.
La Fiscalía General de la República aprehendió a dos personas relacionadas con el CJNG, Jaime Tafolla Ortega, alias “El Alacrán” y José Alfonso Ayard Buenrostro, alias “El Canelo”, quien además estaría vinculado al asesinato de la diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Conforme a la versión de la FGR, ambos sujetos perpetraron el crimen en venganza después de que el Juez Villegas vinculara a proceso sus familiares por diversos delitos, entre los que destacan desaparición cometida por particulares, feminicidio, privación de la vida, entre otros relacionados con la desaparición de personas.
El CJNG, así como el Cártel de Sinaloa en su auge, tiene un historial de atentados y asesinatos, primero contra elementos militares y ahora contra juzgadores que los vinculan a proceso y emiten sentencia condenatoria, administrando justicia en contra de sus miembros. Sin embargo, tras el lamentable suceso, difícilmente los jueces dedicados a control de detención, vinculación o imposición de penas podrán continuar con su encomienda constitucional de administrar justicia penal si el Estado, a través del Consejo de la Judicatura Federal y el fortalecimiento del Poder Judicial, no les garantiza seguridad para sí y sus familias.
Nuevamente, atribuyendo al CJNG, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, sufrió un atentado el día 26 de junio a las 6:38 hrs., en el que fallecieron dos escoltas y una mujer transeúnte, a causa del enfrentamiento entre las balas de las armas largas tipo Barrett y el impacto de granadas de fragmentación con el objetivo de asesinar a quien dirige los operativos en la CDMX. Pese a que el Secretario Harfuch fue lesionado, no mostró gravedad y se encuentra fuera de peligro. El operativo de la SSC y la FGR dio como resultado 12 detenidos vinculados al CJNG, mismos que habrían organizado el atentado durante al menos tres semanas previas. Lo anterior, también, en venganza porque el secretario ha liderado diversos operativos para capturar a los líderes de La Unión de Tepito, Fuerza Anti-Unión y el propio CJNG que operan en la Ciudad de México.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, señaló a los medios de comunicación que el Gobierno Federal observa este atentado contra el Estado de Derecho y no contra el Estado Mexicano. Sin embargo, lo anterior se puede interpretar como la negación pública de una sincera y difícil afrenta contra el Estado Mexicano (salvo que Durazo no conozca el concepto de Estado de Derecho) que pone en tela de juicio la capacidad estatal para repeler la amenaza del Cártel. López Obrador reconoció que conocían la intención del CJNG de atentar contra el secretario y, pese a que “tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos”…”no somos cobardes”, añadiendo que no se dejarían intimidar por ningún cartel de la droga. “No se pactará” con el crimen organizado, pero “tampoco se declarará la guerra”, aludiendo al mantenimiento de la estrategia de seguridad vigente.
Al respecto, la estrategia de seguridad pública ha sido opaca, pues no se ha comunicado en sus dimensiones reales, ya que causaría daños colaterales en cuanto a la percepción de la ciudadanía y aprobación del mandato presidencial de AMLO. En primer lugar, la intención comunicacional de distinguirse de la “guerra contra el narco” impulsada en la administración del expresidente Felipe Calderón, quedó evidenciada en los “abrazos no balazos”, aludiendo a una postura flexible, no violenta, y que busca atender las causas profundas de la inseguridad del país: pobreza y desigualdad. Y, aunque retóricamente la postura es loable, la atención de los grupos vulnerables o la definición de políticas sociales universales no constituyen en sí mismas una estrategia de seguridad pública.
Lo que sí orientó una estrategia de seguridad fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, articulando en los hechos la militarización del país para efectos de la seguridad interior. Conforme a los recientes hechos, el Estado preveía el enorme reto de contener el despliegue de los carteles de la droga sin anunciar su combate. La denuncia de diversos especialistas a la violación constitucional del artículo 129 por el innecesario despliegue de la milicia en tiempos de paz ha quedado desestimada: no estamos en tiempos de paz, hay una guerra no anunciada que se disputa el control del Estado mexicano.
Por otro lado, la estrategia de combate al crimen organizado que sí ha sido efectiva se ejecuta a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, y quien ha tomado la enorme tarea de coordinar el seguimiento de las cuentas bancarias relacionadas con los recursos de procedencia ilícita. En ese sentido, la UIF ha congelado casi 2 mil, cuentas vinculadas al CJNG, con valor de aproximadamente 20 mil millones de pesos, lo que provocó la reacción violenta del Cártel contra el Estado, pues tocó los intereses más profundos del crimen organizado.
Lamentablemente, la declaración del Presidente de la República al admitir que él mandó liberar a Ovidio Guzmán, en el operativo para capturarlo junto a diversos miembros del Cártel de Sinaloa, distorsiona la versión de que su gobierno combate al narco sin pactos, acuerdos o simulación. Cuando el Presidente tiene una consideración especial con la madre de “El Chapo” Guzmán pero inicia investigaciones sobre la no vinculación a proceso de la madre de “El Marro” (líder de otro grupo criminal), manda un mensaje confuso para la ciudadanía, pero que probablemente atienda a la estrategia interna, oculta e imprecisa del Gobierno; una apuesta por la no confrontación que, lejos de traer paz, ha acarreado uno de los periodos más violentos en la historia reciente del país. Solo el tiempo revelará la pertinencia de la toma de decisiones al respecto.
Aunque Durazo afirme que no hay grupo criminal capaz de hacer una afrenta real al Estado Mexicano, lo cierto es que los cárteles de la droga tienen el control real de varios municipios del país, regiones y zonas protegidas. La característica del Estado en el monopolio legítimo de la fuerza queda menguada gracias al despliegue del narcotráfico que se consolidó hasta disputarle al Estado dicho monopolio (aunque no de forma legítima). En ese sentido, la afrenta contra el Estado mexicano del CJNG dificultará en gran medida que el Estado de Derecho avance, por el flagelo de los servidores públicos encargados de administrar justicia, quienes deben enfrentar con las armas a los miembros de los cárteles y quienes diseñan, ejecutan y dirigen los operativos contra el narco, puesto que ha quedado evidenciado el peligro contra sus vidas y la de su familia. Este es, junto a las crisis sanitaria y económica vigentes, otro de los grandes retos que enfrenta el gobierno de López Obrador.
*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Auxiliar Jurídico en el Corporativo Jurídico Paredes. Secretario de Asuntos Políticos del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos.