Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 17 de mayo.- La Fiscalía denunció al rector de la UAEM, Alejandro Vera, al activista Javier Sicilia, y a una mamá de una víctima de privación ilegal de la libertad y homicidio, así como a otros investigadores de la máxima casa de estudios en Morelos, por violentar los sellos oficiales y traspasar el cerco que protegía una fosa común donde se almacenan más de 100 cuerpos humanos.
La violación del cerco sucedió el pasado 11 de mayo pasado cuando el rector Vera y sus colaboradores convocaron a una reunión en la fosa común, situada en el poblado indígena de Tetelcingo, municipio de Cuautla, al oriente del estado. El propósito, según el propio rector de la UAEM, fue dar a conocer un resolutivo judicial a favor de familiares de víctimas sepultadas desde 2014 en esa fosa de manera irregular.
Entre los denunciados también se encuentra María Hernández, madre de Oliver Wenceslao, una víctima de homicidio, cuya búsqueda del cadáver de su hijo abrió el caso de la inhumación ilegal ya que el cadáver de su hijo «desapareció» de Semefo a pesar de estar plenamente identificado por los familiares; él y 117 cuerpos más fueron inhumados en Tetelcingo, sin avisar a sus familiares, el 28 de marzo de 2014, día estatal de las Víctimas.
De acuerdo con la carpeta de investigación CFUIDD-C/1488/2016, el rector, los investigadores y la madre de la víctima están acusados de incumplimiento de funciones públicas, ejercicio indebido de servicio público, sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultrajes a la autoridad.
Los denunciados son Martín Rafael Espinoza Guitrón, Paul Ramírez Capistrán, Javier Sicilia Zerdain, María concepción Hernández Hernández, Jesús Alejandro Vera Jiménez, Iván Martínez Dunquer y/o otros y/o quienes resulten imputados. El ofendido, según el oficio de la Fiscalía, es el gobierno del estado de Morelos y/o la sociedad.
“Esto es una burla, es el mundo al revés, la Fiscalía me denuncia penalmente por representar a las víctimas, denunciaron a la madre de Oliver Wenceslao, madre de uno de los inhumados ilegalmente, hasta a los policías por no habernos detenido y golpeado, esto me mueve la víscera”, denunció el rector.
Vera Jiménez explicó que el pasado 11 de mayo los denunciados por la dependencia gubernamental traspasaron la cinta plástica amarilla de acordonamiento del área -donde presuntamente se encuentran inhumados 116 cuerpos-, para difundir los acuerdos entre la PGR, las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), entre otros organismos.
También informó en ese encuentro la próxima apertura de la fosa, la toma de pruebas genéticas y la exhumación de los cuerpos “para darles una digna sepultura”, expresó el propio fiscal general Javier Pérez Durón.
En el lugar había presencia de elementos del Mando Único ya que, en días anteriores, el secretario de Comunicación Universitaria, Javier Sicilia, amagó con que los propios familiares de víctimas tomarían la fosa y exhumarían los cuerpos, sin que esto se haya realizado.
Incluso el día 9 de mayo, un reducido grupo de activistas y universitarios anunciaron la toma simbólica del lugar ante la presunción del fiscal de abrir las fosas sin notificarles a los familiares de víctimas.
Ante ello, un juez de control ordenó a la fiscalía informar a Tranquilina “N”, madre de una joven desaparecida en 2014, notificarle el día y horas exactos en que realice la exhumación de los más de 100 cuerpos a fin de confirmar o descartar que el cuerpo de su hija se encuentre entre los ahí enterrados.
Ese mismo día, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, advirtió a familiares de víctimas y a representantes de la UAEM sobre las consecuencias si determinaban “violentar la ley y realizar la exhumación de los cuerpos”, dijo.
“Quieren seguir ocultando sus crímenes, algo espantoso hay ahí y quieren sacar a la UAEM de la jugada”, espetó el rector.
Esta tarde los denunciados sostienen una reunión con personal de la PGR para tratar este tema así como la posible fecha de exhumación.