Por Oswald Alonso
Edgar Cortés e Iván Báez, son hombres estudiosos en el tema de los Derechos Humanos. El primero, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, e Iván, de Artículo 19, defensora en muchos casos de los periodistas. Los dos estuvieron en Cuernavaca, en el foro «Nuevos enfoques para erradicar la tortura».
Los dos, en el arranque de sus participaciones, se quejaron de la falta de asistencia de servidores públicos del gobierno del estado de Morelos, al foro organizado por el propio gobierno del estado, inaugurado por el gobernador perredista Graco Ramírez. La queja fue entendible y justificada.
Los principales torturadores en los sistemas de justicia, por lo menos en México, son servidores públicos, principalmente, de las procuradurías, fiscalías y secretarías de seguridad de los estados y municipios.
Según los expertos, las leyes que se han creado en el país parecen existir para no castigar a quienes participan en algún grado en la tortura. Pero más grave es que, en su dicho, no hay evidencia de que en nuestro territorio, derivado de una investigación, se haya castigado a los responsables de utilizar la tortura como una herramienta en sus sistemas de investigación.
La realidad es que después de la inauguración del foro, la sala se quedó prácticamente vacía, sólo unos 20 locos -menos los organizadores-, nos quedamos a escuchar que los gobiernos, trátese de cualquier partido político, en sus policías de investigación criminal persiste la tortura como un modelo que se niega a desaparecer.
Son foros de alto nivel, donde también participó el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), dedicado al estudio de la seguridad, derechos humanos, migración y democracia.
Me parece que el fracaso de la asistencia al foro tiene que ver entre otras cosas, con la fractura que existe, y cada vez se pone más de manifiesto, entre las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, con el gobierno convocante.
Hay reconocimiento a la organización del foro pero no se puede justificar, en ningún caso, la falta de funcionarios responsables de evitar la práctica que incluso, dicen los expertos, ni el mismo sistema de justicia adversarial ha podido erradicar.