Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 17 de junio.- Familiares de víctimas se manifestaron en la Fiscalía General del Estado para exponer el presunto “carpetazo” al caso de la exhumación de 119 cuerpos en fosas irregulares de municipio de Cuautla, así como otros cadáveres en Jojutla, zona sur del estado.
Según Amalia Hernández Hernández, tía de Oliver Wenceslao, uno de los cuerpos extraídos de la fosa en Cuautla, a pesar de las irregularidades denunciadas contra los funcionarios y exfuncionarios relacionados con la inhumación ilegal de los cuerpos en 2014 permanecen sin castigo.
En marzo de 2014, 119 cuerpos en calidad de desconocidos fueron inhumados en un predio sin las pruebas periciales de ley y a pesar de que varias de las víctimas estaban plenamente identificadas, como el caso de Oliver Wenceslao, privado de la libertad y asesinado a mediados de 2013.
En un proceso idéntico, mas de 86 cuerpos y restos humanos fueron inhumados en el Panteón de Jojutla, a mediados de 2014. Ninguno de los casos está concluido y hasta el momento no hay vinculaciones a proceso de servidores o exservidores públicos por el hecho.
En ese contexto Hernández informó que mañana se realizará una audiencia intermedia contra los servidores públicos considerados en la Carpeta de Investigación.
En el caso, denunció, obra la queja en contra de los ministerios públicos Edward Balderas Guerrero y José Roberto Cuevas Conde, titulares de la carpeta, porque el primero tuvo acceso de manera indebida a la carpeta CT-UIDD-A/586/2015, iniciada en contra de los servidores públicos por la inhumación indebida, sin estar adscrito a ésta “violando el principio de secrecía y bajo la presunción de que buscaba ayudar a uno de los imputados”, subrayó.
La tía de Oliver lamentó que a pesar de que el fiscal general Uriel Carmona Gándara fue notificado del hecho lo nombró como uno de los Ministerios Públicos responsables de la carpeta.
Ante el hecho se pidió la creación de una Fiscalía especializada, con expertos en la materia ajenos a la institución, que no privilegien a sus compañeros sobre el acceso a la justicia, pidió Amalia.
Sin embargo esto les fue negado por la fiscal especializada en Desaparición Forzada de Personas, Zayra Janet Lulo Juan, bajo el argumento de que la institución carece de dinero.
Amalia Hernández planteó otra situación presuntamente anómala relativa a una conversación que escuchó en la Fiscalía, donde uno de los Ministerios Públicos que lleva el caso “estaba más preocupado porque uno de los imputados pueda evadir la acción de la justicia que por ayudarnos”.
Ese comentario lo compartió con la fiscal especializada pero sólo lo minimizó por lo que acudió a la Comisión de Derechos Humanos (DH) Morelos a iniciar una queja por el proceder.
Por lo anterior dijo que buscan que la audiencia intermedia a realizarse mañana en los juzgados en Cuautla sea diferida, porque para llegar a esta etapa del proceso se tardaron cuatro años “y no queremos que la Fiscalía ni un juez tengan pretexto para no imputarles la responsabilidad que tienen no sólo a los dos imputados en la carpeta sino a otros 40 más relacionados cuyos delitos, en algunos casos, ya prescribieron”.
Lo anterior, agregó, en cumplimiento a la recomendación 48/2016 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin que hasta ahora haya sido atendida.
Por eso la importancia de que se sancione a todos los imputados, acusó María Concepción, madre de Oliver, para que no se vuelva a repetir el hecho, tal y como lo establece la recomendación referida, argumentó.
En la protesta estuvo presente Javier Sicilia, el iniciador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien también recordó que el proceso judicial en el caso de Tetelcingo no se ha culminado, en tanto, en el caso de Jojutla, la diligencia de exhumación está sin concluir, además de que la Fiscalía no puede inhumar por sí sola, sino que deben intervenir al menos las instancias implicadas en el tema de la exhumación y re-inhumación de ambas fosas, como la propia Universidad autónoma del estado de Morelos, la Fiscalía General de la República y la división científica de la Policía Federal.
“No basta con entregar cuerpos, se debe investigar quiénes fueron los responsables, su implicación, y sanción correspondiente en las inhumaciones ilegales de la propia Fiscalía en 2014, finalizó.