Redacción SL
Cuernavaca, Mor., 07 de octubre.- América López Rodríguez, encargada de despacho de la Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), acusó que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) intensificó el hostigamiento en contra de los funcionarios que revisan el estado financiero de la Fiscalía General del Estado (FGE), como resultado de una denuncia ciudadana recibida.
López Rodríguez dijo que lo anterior se confirma primero, con el oficio que la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, Diana Lizbeth Acosta Ángel, dirigió al encargado de la Dirección General Jurídica de la ESAF, Alberto Salgado Pérez para hacer de su conocimiento que “se hace efectiva la sanción administrativa en modalidad de multa”, al oponerse a entregar información respecto de la denuncia que obra en contra del fiscal general Uriel Carmona Gándara.
De acuerdo con López Rodríguez el monto del medio de apremio que la Fiscalía Anticorrupción pretende hacer efectivo es por una cuantía de 200 UMAS que equivaldrían a unos 17 mil pesos, pero también existe el temor fundado de que Salgado Pérez pueda hacerse acreedor de un arresto hasta por 36 horas, afirmó.
“El segundo elemento para denunciar que el acoso de la Fiscalía está subiendo de tono, abundó la encargada de despacho de la ESAF es que ayer elementos de la FECC “acecharon” las oficinas de la Entidad Superior durante varias horas, en las que se les pudo observar portando armas largas; los agentes pretendían entregar de manera personal un citatorio al servidor público Alberto Salgado Pérez.
América López Rodríguez sostuvo que la información solicitada por la FECC “es de carácter reservada y confidencial, por lo que la divulgación de tal expediente traería una responsabilidad administrativa a quien lo hiciera público o bien obstruya el proceso de auditoría”.
E insistió en llamar al Fiscal anticorrupción para que cese el hostigamiento en contra de los funcionarios de la ESAF, y les permita iniciar con la fiscalización que hasta ahora inexplicablemente ha sido obstaculizada por la misma institución a la que pretenden auditar.