Por Oswald Alonso
CUERNAVACA, Mor., 24 de noviembre.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos admitió la petición de la Fiscalía General del Estado para iniciar el proceso de desafuero en contra de los diputados Manuel Martínez Garrigós, imputado del delito de peculado agravado, y Alfonso Miranda Gallegos, ex alcalde de Amacuzac, relacionado en siete carpetas de investigación por delitos de fuero común.
“Ambos asuntos…fueron remitidos a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que dictamine el procedimiento señalado en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, expuso el Legislativo.
El diputado Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Junta Política y de Gobierno, explicó que se revisaron y consensuaron los temas de petición de juicios de procedencia en contra de los diputados, y la conclusión fue que reúnen los preceptos que marca la Ley citada para turnar los expedientes.
Explicó que será la Comisión de Gobernación y Gran Jurado la encargada de realizar un dictamen final respecto a rechazar o aceptar el juicio de procedencia para el caso de cada legislador en particular.
Precisó que ambos diputados fueron recibidos por la JPyG para argumentar a su favor.
Con la aprobación, los coordinadores de las bancadas parlamentarias del repusieron el proceso legislativo toda vez que la semana pasado no alcanzaron los votos suficientes, por la ausencia de algunos coordinadores, para votar la petición de desafuero.
Manuel Martínez, ex dirigente estatal del PRI, ha dicho que el proceso en su contra esta orquestado por el gobierno estatal y responde a una venganza política. Desde la semana pasado declaró que recurrirá al amparo.
Asimismo el legislador del PT, Alfonso Miranda, considera que se le juzga a priori y que su proceso significa un obstáculo ante sus pretensiones electorales en los comicios de 2015. Miranda ha reconocido su parentesco Santiago Mazari, “El Carrete”, ubicado por las autoridades como jefe en Morelos del cártel “Los Rojos”.
“Yo no niego a mi familia pero a ese señor hace mucho que no lo veo. Y si tiene deudas con la justicia pues que lo agarren”, ha dicho el diputado cuando le recuerdan su vínculo familiar.
El ex edil de Cuernavaca es imputado por la Fiscalía General del delito de peculado agravado por un monto de más de 70 millones de pesos. La fiscalía asegura que como presidente municipal desvió recursos al dejar de pagar las cuotas obrero patronales al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, lo que derivó en detrimento de los derechos a los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento capitalino.
En el caso de Alfonso Miranda la Fiscalía lo acusa de delitos de ultrajes a la autoridad y abuso de autoridad -considerados no graves-, en agravio de agentes de investigación criminal o personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Pero no son las únicas carpetas de investigación en su contra. El fiscal Rodrigo Dorantes informó que son seis investigaciones más por los delitos de daño, lesiones, homicidio, secuestro y delincuencia organizada, estos tres últimos delitos también investigados por la PGR.
En 1994 el edil priista de Temixco, César Aquiles Cruz Ortiz fue depuesto del cargo por el Congreso de Morelos bajo el cargo de omisión, toda vez que del municipio que gobernaba se distribuyó alcohol adulterado que provocó la muerte a decenas de personas.
El gobernador era el también priista Jorge Carrillo Olea quien también fue desaforado e inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 14 años.
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