Por la redacción
Cuernavaca, Mor., 14 de septiembre.- La Comisión de Derechos Humanos (CDH) Morelos promovió una acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por las reformas aprobadas por el Congreso del estado en materia de participación ciudadana, publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha de 6 de julio de 2016, aspectos que en opinión de la Comisión podrían estribar en violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.
Esta acción fue promovida dentro de los plazos estipulados para tal efecto y admitida por la SCNJ en la segunda mitad del mes de agosto del presente año, bajo el número 68/2016, misma que se encuentra en pleno del máximo tribunal de México, con el objetivo de invalidar las reformas citadas y salvaguardad las libertades ya conquistadas por la ciudadanía.
Jorge Arturo Olivares Brito, comisionado de Derechos Humanos en el estado, estimó que dichas reformas suprimen la figura de revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la rendición de cuentas como un derecho del colectivo social, además pretende facultar al Poder Legislativo para que solicite el inicio de procesos de participación ciudadana, dejando de lado la posibilidad de acceder a estos mecanismos a través de un Consejo de Participación Ciudadana que esté integrado por la misma población civil, entre otras cosas.
En este sentido, citó, “este organismo pone énfasis en el respeto al artículo 39 de nuestra carta magna el cual establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene derecho en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”.
De acuerdo con Olivares Brito las reformas a la constitución del estado de Morelos, advierten la violación a los derechos fundamentales de derecho a la seguridad jurídica, Principio de Progresividad de los derechos humanos, principio de supremacía constitucional, principio de soberanía popular, derecho a la participación ciudadana y el principio pro persona; además de tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, mismos que a partir de las reformas de 2011 adquieren un carácter constitucional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Democrática Interamericana.