Por Moisés Sánchez
Xochitepec, Mor., 7 de septiembre. – El gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu anunció el envío de una reforma constitucional para suprimir a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y así garantizar plena autonomía.
Durante la inauguración del XLI Congreso Nacional de Tribunales expuso que la serie de modificaciones que pretende implementar será histórica.
Aseguró que su administración trabaja con el TSJ para generar una reforma profunda en el Poder Judicial, a fin de que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tenga injerencia alguna en la toma de decisiones judiciales.
El Consejo de la Judicatura tiene como funciones principales la administración del Poder Judicial Federal, incluyendo el ingreso, promoción y vigilancia de los jueces, así como la administración, vigilancia y disciplina de la carrera judicial.
El mandatario también aseguró que en su gestión promueve que se privilegie la carrera judicial sobre el compadrazgo a la hora de elegir a los magistrados, con el propósito de existan mejores procesos de justicia.
“Con esas medidas ganará la sociedad; habrá magistrados independientes. Es por ello que nosotros decidimos con el Congreso del estado y el TSJ de privilegiar y fortalecer la independencia del Poder Judicial”, dijo.
Refirió también que en conjunto con el TSJ trabajan todos los días en la edificación de todas las condiciones necesarias para que la independencia en los poderes se pueda dar, así como en la transparencia.
“Esa es la casa que construimos en Morelos, tiene trasparencia, equidad, piso social y estado de derecho”, aseveró.
Asimismo declaró que en los meses pasados resolvieron designar un fideicomiso que garantice la pasión de los servidores que imparten la justicia cuando se retiren, así como ampliar el principio de inamovilidad de 14 a 20 años, lo cual, sostuvo, permitirá a los magistrados trascender a los relevos.
Esa última determinación fue aprobada a principios de 2017, sin embargo, no fue bien recibida ni por la opinión pública ni por el Foro Morelense de Abogados, cuyos integrantes la calificaron de inconstitucional, puesto que extendía la permanencia en el cargo a los magistrados sin ser evaluados, lo cual, afirmaron, debería hacerse cada seis años en su primer periodo, y luego cada ocho.
Del mismo modo argumentaron que esas reformas eran impulsadas por el Gobierno estatal para usarlas como moneda de cambio y el gobernador “eliminara” a todo alcalde que se le opusiera, con lo que, indicaron, desaparecería la división de poderes.