Por Justino Miranda

CUERNAVACA, Mor.- Diputados federales y senadores del PRI pidieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) no minimizar el conflicto político-social que vive Morelos, y urgieron la búsqueda de acuerdos que permitan recuperar la tranquilidad en el estado. Así también demandaron al gobernador Graco Ramírez acuda al diálogo convocado por la Segob con los grupos sociales e instituciones inconformes, para solucionar los graves problemas sociales que vive la entidad.

Los diputados federales priistas Matías Nazario Morales, Rosalina Mazari Espín y Manuel Vallejo Barragán, así como la senadora Lisbeth Hernández Lecona exhortaron al gobernador, surgido del PRD, deponer su actitud “beligerante” y dedicar más tiempo a resolver la problemática estatal en vez de “difamar a sus adversarios y a promover su figura con fines futuristas”.

En un posicionamiento enviado a la prensa los legisladores reprobaron el uso de la fuerza pública como medio para dirimir los conflictos sociales que aquejan a la entidad, y adelantaron que solicitarán la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que investigue el desalojo de los integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM) y su vocero Javier Sicilia, quienes se manifestaban en el palacio de gobierno.

Los legisladores federales aseguran que en Morelos existe un amplio sector de la población que cuestiona la permanencia del gobernador Graco Ramírez como titular del Poder Ejecutivo Estatal, por la falta de resultados en materia de seguridad pública, del estancamiento económico y social, de la falta de transparencia en el manejo de los recursos público y de los actos de corrupción atribuidos a familiares cercanos al Gobernador del Estado, expusieron.

También expusieron el endeudamiento del estado en esta administración con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “La deuda pública de Morelos pasó de mil 269 millones en 2010, a 5 mil 197 millones en 2015, lo que significa que la deuda por habitante de Morelos pasó de 714 pesos en 2010 a 2 mil 730 pesos en 2015, más lo que se acumule con la deuda recientemente autorizada, sin que ese endeudamiento se haya traducido en una mejora en el nivel de vida de los habitantes de la entidad”, suscribieron.

El bloque de legisladores priistas afirmó que los índices delictivos y los delitos de alto impacto registran un incremento, ubicando a Morelos como uno de los estados más violentos del país. Señalaron que las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman el fracaso de la estrategia del Mando Único en Morelos.

“Por si eso fuera poco en Morelos la violencia contra las mujeres activó la alerta de género, pero hasta el momento ni los mecanismos ni los protocolos de protección contemplados para tal situación se han implementado de manera efectiva, lo que ha traído como consecuencia la muerte de más mujeres”, subrayan

En su posicionamiento señalan que las diferencias con la comunidad universitaria y con la grey católica, lejos de atenderse por el Gobernador, se han conducido de forma temeraria por el camino de la confrontación.

A su vez, dicen, el Poder Legislativo ha perdido su carácter de contrapeso respecto del Poder Ejecutivo y ha entrado en el terreno de la confrontación con los diversos grupos sociales inconformes, lo que le ha hecho perder su papel de mediador e interlocutor en la solución de la crisis política y social que amenaza a Morelos.

En este tema los representantes federales de Morelos se deslindaron de la actuación del grupo parlamentario del PRI en el congreso del estado «porque su actuación y decisiones no corresponden a los lineamientos de nuestro partido”, afirmaron.

“Los representantes populares priistas no podemos ser ni cómplices ni comparsas del gobierno ineficiente y represor de Morelos; muchos menos los defensores de un gobernante que ha lastimado y se ha confrontado con la sociedad”, sostuvieron.