•La crisis en el TSJ confirma que el modelo actual está agotado. Las fracturas internas, los pactos externos y la ausencia de autocrítica abren paso a la urgencia de una reforma estructural.
Por Justino Miranda
La historia del Tribunal Superior de Justicia de Morelos evidencia una constante: la lucha por el poder dentro del órgano judicial no ha estado exenta de controversias, fracturas institucionales y disputas que socavan su legitimidad ante los justiciables. La elección de sus presidentes ha sido sistemáticamente conflictiva, con episodios que oscilan entre cuestionamientos por falta de quórum legal, reelecciones bajo sospecha de vicios normativos y reformas estructurales que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, profundizan su vulnerabilidad.
Desde la llegada de Nadia Luz Lara Chávez en 2012 —electa con 12 votos y aclamada como figura de unidad— hasta la controvertida elección de Rubén Jasso Díaz en 2020, con apenas 9 votos en una sesión sin quórum legal, se constata una línea de continuidad en el uso político de las estructuras internas.
Más recientemente, el caso de Luis Jorge Gamboa Olea, elegido en 2022 con 11 votos y beneficiado por una reforma posterior que extendió su mandato, ha desatado una crisis sin precedentes. Su destitución —rechazada por él como un intento ilegítimo— ha dejado al TSJ atrapado en una parálisis institucional que compromete la autonomía del Poder Judicial.
Entre la barbarie institucional y las sospechas de negociaciones externas
En este contexto, resulta insoslayable señalar que los magistrados, lejos de asumir una actitud reflexiva y constructiva, persisten en una lógica de barbarie institucional. La historia reciente del TSJ demuestra que poco o nada se ha aprendido de los errores pasados. Las pugnas actuales no son simplemente ideológicas o técnicas: son manifestaciones de una lucha de facciones que, en el fondo, reproducen prácticas de cooptación del poder y lealtades extra institucionales. A este escenario se añade una narrativa inquietante: la denuncia —explícita o sugerida— de que un bloque de 11 magistrados habría sostenido encuentros con actores externos al TSJ para operar la futura elección presidencial. La insinuación, atribuida al magistrado decano Juan Emilio Elizalde, no es menor. Si se confirma que existen negociaciones extrajudiciales para incidir en la estructura del Poder Judicial, estaríamos ante una grave intromisión que compromete la independencia judicial y refuerza la percepción de un tribunal capturado por intereses ajenos a su función constitucional.
La urgente necesidad de un cambio radical en el Poder Judicial
Frente a este panorama, es necesario exigir a los magistrados actuar a la altura de las circunstancias, a contrapelo de la imagen degradada que hoy se tiene de ellos. Bien les vendría comenzar a resarcir sus errores mediante actos de transparencia, compromiso ético y sensibilidad humana, como lo ha planteado su compañera Bertha Rendón Montealegre en diversas intervenciones públicas.
La ciudadanía exige un tribunal que imparta justicia, no que administre pugnas intestinas.
Si los magistrados no lo comprenden, estarán condenando al TSJ a una crisis que podría resultar terminal para su credibilidad. Con su actuación, los magistrados del TSJ han confirmado que el modelo actual está agotado. La renovación del Poder Judicial por la vía del voto, como sucederá a nivel federal el próximo 1 de junio, cobra nueva legitimidad localmente. La reforma estructural del TSJ ya no es una opción: es una urgencia, un clamor, un mandato de justicia.