Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 2 de mayo.- El titular de la Secretaría de Obras, Fidel Giménez Valdés Román, declaró que pedirán la medida cautelar de prisión preventiva contra la extitular de la dependencia ante el cúmulo de denuncias en su contra.
Lo anterior luego de que la Fiscalía Anticorrupción logró que se dictara auto de vinculación a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público contra la exsecretaria de Obras Públicas, así como también para el ex secretario de Desarrollo Sustentable, el ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable, la ex directora de Obras Públicas y un ex supervisor de obra, todos de la anterior administración estatal.
Los exservidores públicos de la anterior administración estatal se encuentran relacionados con la carpeta de investigación FECC/150/2018-12 derivado de la denuncia iniciada por el Gobierno de Morelos, el cual detectó la construcción de una planta de valorización de residuos sólidos urbanos, ubicada en Jiutepec, por la que se pagaron más de 34 millones de pesos, la cual no fue terminada, ni se encuentra activa.
Al respecto Giménez Valdés Román detalló que la denuncia fue en torno a un proyecto de seis plantas revalorizadoras, de las cuales sólo se concretaron cuatro, además de que no se terminaron los daños ambientales y siguen sin remediación.
Expuso que además buscan fincarles responsabilidades a empresas cómplices porque, dijo, “hay indicios sólidos de la complicidad de éstas con exservidores que fueron beneficiados por otorgarles dichos contratos, una de ellas es la empresa Cruz Azul, con la cual ya hubo un primer acercamiento para que realice las obras de remediación”, adelantó.
Señaló que ésta es sólo una de las 30 denuncias en torno a la dependencia que preside, de las cuales 17 señalan de manera directa a la extitular Patricia Izquierdo por lo que reiteró, a fin de que no evada la acción de la justicia, pedirá la medida cautelar de prisión preventiva.
Finalmente mencionó que la próxima semana se interpondrán más denuncias ya que actualmente se realiza una auditoría física del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), orientado a obras y acciones dirigidas a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad, del periodo comprendido entre 2016 y 2017, que presumiblemente tampoco se hicieron pero sí se pagaron.