Por Justino Miranda
Cuernavaca, Mor., 19 de agosto.- De regreso a casa Zaray Montoya subió a sus hijos al asiento posterior del auto compacto. Al niño de un año y 6 meses lo colocó en medio, bajo el cuidado de la nana. Su otra hija de ocho meses iba en su silla, sujetado por el cinturón de seguridad.
Un agente de la Policía de Tránsito pasó al lado del auto y le marcó el alto. La conductora detuvo su marcha y preguntó el motivo. «Lleva un menor sin el cinturón de seguridad», contestó el agente de tránsito mientras metía la cabeza en el auto para hurgar con la mirada.
Sin mayor discusión la madre de familia recibió la infracción pero un mal presagio corrió por su mente cuando vio pasar a su esposo, Roberto García Villalobos Bilbao, con quien libra una batalla legal por un juicio de divorcio necesario y ahora por la guarda y custodia de los menores. El hombre tomaba video de los hechos y después bajó de su auto para platicar con el agente de tránsito.
El incidente vial ocurrió el 21 de marzo y para el 1 de junio, de este año, la juez de lo familiar Edilberta Salgado Nájera validó la exhibición de la boleta de infracción en el juicio, y consideró que la madre puso “en riesgo la integridad de sus infantes, al haber sido omisa en poner el cinturón de seguridad a los niños…”.
Con esa argumentación le quitó, de manera provisional, la guarda y custodia de los menores y la concedió al progenitor puesto que, concluyó, una madre “debe procurarlos en todo momento, privilegiando los intereses de los menores frente a cualesquiera otras personas, en todo lo que favorezca, propicie o beneficie la conservación de su integridad personal, su salud física y mental…”, se lee en el fallo de la juez octavo civil en materia familiar y de sucesiones de primera instancia, Edilberto Salgado Nájera.
Ernesto Segura Hernández, abogado de la madre de familia, dice que en una reunión con la juez le dijo que en toda su trayectoria nunca había conocido una resolución tan arbitraria.
“No es posible que en una época en que los derechos del menor son preponderante, se le prive de la convivencia con su mamá. Hay tratados internacionales que dictan que es muy dañino que los menores no estén con sus mamás hasta mínimo los cinco años.
“Cuando hablé con la juez, le dije ‘esto es inaudito’ y me contestó que tenía razón y me preguntó qué hacer”, relató el abogado.
Pero el juicio de divorcio necesario entre Zaray Montoya Manzano y Roberto García Villalobos Bilbao, tiene una historia con episodios de violencia intrafamiliar, antecedentes penales y una separación obligada por supuestos actos de humillación contra la madre de los menores.
Los abogados también cobran relevancia en el caso porque van siete litigantes despedidos por la madre de familia, bajo la presunción de coludirse con el padre de sus hijos y permitirle ganar el juicio de divorcio, y ahora de guarda y custodia de los menores.
Dice Zaray Montoya que el último de ellos, Carlos Gibrán Haro Álvarez, presidente del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, presentó ante la juez un escrito con un texto cuyo relato no fue realizado por ella y tampoco firmado. En ese documento la madre de familia acepta el descuido de su hijo y argumenta que la omisión de cuidado se debió a una crisis de enojo, producto de un desencuentro con su esposo en una entrega de los niños.
“Yo no dije nada de eso y tampoco firmé el documento, por lo que estamos pidiendo la intervención de un perito en grafoscopia para demostrar la falsificación de mi firma”, dijo Montoya.
De hecho ese documento que figura en el expediente 52/2016-1a fue clave para el dictamen de cambio de guarda y custodia. Ese día el abogado llamó a su cliente y le reprochó no estar presente en la audiencia.
“Usted no me dijo nada abogado, pero ya voy para allá, sí llego”, respondió Zaray.
“No ya no llega, así que después le informo, no pasa nada”, dice Zaray que le contestó el abogado.
El romance
Zaray y Roberto se casaron hace dos años. Ella tiene una hija de su primer matrimonio, cuyo marido murió, mientras que él cumple su tercer enlace y en las dos anteriores relaciones también litigó la custodia de sus hijos. En uno de los casos fue denunciado por llevarse a su hijo sin el consentimiento de la madre.
“El señor tiene antecedentes penales por allanamiento de morada, violencia familiar y una denuncia de secuestro de otro de su hijo, pero eso no lo sabía cuando nos casamos hace dos años”, cuenta Zaray.
El romance se esfumó rápido porque durante el embarazo de su segundo hijo Roberto cometió infidelidad y en ese momento ella pidió el divorcio y una casa para vivir con sus hijos. Se separaron por primera vez y ella vivió en una casa con daños estructurales por lo que pidió una construcción más nueva, “pues el señor tiene muchas casas”, dice.
Zaray cuenta que la petición molestó a su todavía esposo y cuando se dirigía tomar un taxi el hombre le asestó un golpe en el vientre, a pesar de que sabía su esposa atravesaba un embarazo de alto riesgo.
La mujer tomó una piedra y se la aventó pero cayó en el parabrisas del auto de Roberto, y por el escándalo un vecino llamó a la policía y los dos terminaron en el Ministerio Público. Roberto fue ingresado a los separos por dos denuncias anteriores de su esposa.
En ese lugar Zaray comenzó a sangrar y la llevaron con un médico particular y después se enteró que su esposo la demandó por daños a su coche. Los abogados de Zaray dicen que la judicialización de las carpetas por daños al auto fue muy rápido mientras que las tres carpetas contra él por violencia familiar, con fotos y testigos, siguen un curso lento.
“Duramos 10 meses de casados. Tengo dos bebés con él, mi Rafa y mi Ale, yo lo dejé y después regresamos y me volví a embarazar, pero ese regreso sólo duró un mes. Me chuté todo mi embarazo en el juzgado”, afirma Zaray.
Juicio de divorcio
Luego de abandonar los separos Roberto inició el juicio de divorcio necesario y posteriormente le pidió a su esposa retirar las denuncias penales y a cambio le daría beneficios en el convenio de separación.
Zaray retiró las denuncias pero su esposo no cumplió con su palabra y todavía la acusó de rebeldía por no contestar la demanda de divorcio. Dice la madre de familia que para justificar su ausencia de los juzgados presentó documentos de amenaza de aborto pero sus abogados le decían que no eran necesarias.
La madre de los menores afirma que en una amenaza real de aborto marcó a su esposo y le comunicó que iría al hospital. Cuando Roberto llegó le entregó un papel y condicionó el del hospital a cambio de firmar un documento, por el que renunciaba a la custodia de sus hijos.
“Me negué. Entonces me agarró y me tiró de la cama. Un amigo que me acompañaba se fue contra él pero salió corriendo. Pedí el video en el hospital pero no me lo dieron, sólo me dieron pastillas para el dolor. Nunca llegó el médico legista a pesar de que levanté la denuncia ahí mismo”, lamenta.
La infracción
Así continuó la relación hasta que el 21 de marzo, día en que Roberto convivió con su hijo en el Departamento de Orientación Familiar. Roberto salió primero y le siguió Zaray en su auto por eso se dio cuenta cuando el agente de Tránsito infraccionó a su esposa.
Por la “curiosidad” anotó el número de patrulla para indagar qué había sucedido y el 24 de marzo encontró al mismo oficial pero en otro sitio de Cuernavaca, por lo que le preguntó sobre el hecho ocurrido tres días antes. Tres días más tarde acudió al módulo de infracciones para solicitar una copia de la boleta dado que el oficial sólo le dio el número de folio.
Con esos datos ofreció como pruebas supervivientes los informes de la Policía Vial y el 3 de abril el juzgado admitió las pruebas. En seguimiento de su estrategia legal García Villalobos solicitó el sigilo de la infracción y su admisión de pruebas alegando que los nuevos abogados de su esposa trabajaron en el Ayuntamiento de Cuernavaca y tenía el temor de que manipularan la información de las pruebas solicitadas. El juez le concedió la secrecia.
El parte oficial dice que la infracción fue porque el menor no traía cinturón de seguridad y la madre tampoco portaba licencia de conducir.
El 12 de mayo se llevó a cabo la diligencia para desahogar las pruebas pero Zaray dice no fue enterado por su abogado Carlos Gibrán Haro Álvarez, quien entregó un documento que no redactó ni tampoco firmó Saray Montoya Manzano.
Para su dictamen la juez consideró una petición anterior de cambio de guarda y custodia del padre, en el que exhibió fotografías con supuestos golpes en la cabeza de su hijo. La juez, dice Zaray, nunca consultó la opinión de un médico para valorar la gravedad de los supuestos golpes y su decisión en cuanto a la infracción, con la que me quitaron la custodia, evidencia un acto irregular cercano a la corrupción, dice molesta Zaray.
Pero además la juez permitió una segunda irregularidad porque a sus niños se los quitaron de manera arbitraria.
“El fin de semana le tocaba ver a los niños y los entregué el viernes. El lunes los iba a recoger a las 9.30 de la mañana pero no llegó y en cambio me dijo la psicóloga que tenía que ir al juzgado. Ahí estaban sus abogados y me dijeron del cambio de guardia y custodia, pero no me dieron a los niños”, relata Zaray.
Su abogado Ernesto Segura afirma que las autoridades debieron notificar del cambio de guarda y custodia, pero ellos aprovecharon que tenían la convivencia y el papá no los regresó.
“La resolución debió ser: te los entrego y notifico me entregues a los menores. Si eso hubiera pasado metemos un amparo y suspendemos la entrega de los niños, pero está tan amañado que lo hacen cuando el padre tenía la convivencia. Hay un contubernio”, acusa el abogado.