Cuernavaca, Mor., 12 de noviembre.- Sólo excusas y evasivas ofreció Vicente Loredo Méndez, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos, afirmaron legisladores de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública luego de recibir al auditor en calidad de compareciente.
Durante la rendición de cuentas, Loredo Méndez admitió que entre enero y junio de este año recibió de manera directa más de 2 millones 335 mil pesos de la Secretaría de Hacienda en una partida extraordinaria, sin que justificara su uso, a pesar de que no está en sus facultades hacerlo de manera directa sino que debió hacerlo a través de los mecanismos propios del Congreso del estado.
Adujó que el rezago de más de tres años se debió a que de los 90 trabajadores adscrito a la ESAF, sólo un 30% cumplían con el perfil pero el resto eran “aviadores” o personal sin la capacitación ni habilidades propias para desempeñar su función.
Él mismo admitió que no maneja la terminología de su encargo al ser abogado y no contador, lo que fue criticado principalmente por el diputado del PT José Casas.
Asimismo, el diputado de Morena, Marcos Zapotitla Becerro, recriminó que durante la anterior Legislatura el auditor no esgrimió acusación alguna sobre los “aviadores” que presuntamente le fueron impuestos por la administración del exgobernador Graco Ramírez.
La presidente de la comisión, la priísta Rosalina Mazarí Espín, recordó que su antecesor Luis Manuel González Velázquez, documentó malversación de recursos por el empréstito por 2 mil 806 millones de pesos aprobado al Ejecutivo Estatal, que aseguró ella votó en contra durante la LII Legislatura, y por la cual ordenó acciones resarcitorias por mil 806 mdp, “pero cuando usted fue nombrado titular de la ESAF, lo que se desprende de esa auditoría que encabezó se remite sólo a sanciones administrativas”.
En respuesta, el auditor adujo que a pesar de que se terminó la auditoría especial, “se ha prestado a mucha especulación, el hecho de que no proporcione la información no quiere decir que haya sido mal ejercido el recurso”, excusó, al tiempo que objetó la falta de tiempo para revisar el informe de su antecesor y el presunto “ahorcamiento” financiero del que fue objeto por parte del expresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Moreno Merino “porque no se le dio la gana de librarnos los recursos para nuestro funcionamiento”.
Mazarí Espín recalcó que no hay informe sobre la amortización de la contratación de financiamientos y obligaciones contratados por el gobierno graquista por más de 486 mdp con Banca Afirme, 527 mdp con Banco Interacciones ni de los 2 mil 806 mdp referidos, por lo que se desconoce el monto actual de la deuda pública hereda a la presente administración estatal.
No hemos terminado de revisar al Ejecutivo por el ejercicio fiscal 2016-2017, veremos si contamos con elementos para iniciar una denuncia, fue la respuesta del auditor, quien dijo no contar con datos precisos así como desconocer si fue motivo de revisión porque “le recuerdo que los datos a revisión son aleatorios”.
Además, los integrantes de la Comisión de Hacienda expusieron que el auditor aprobó las cuentas públicas presentadas por los excaldes de diversos municipios que terminaron su gestión en 2015, como Julio Espín en Puente de Ixtla, Hortencia Figueroa en Jojutla, Javier Montes Rosales en Tetela del Volcán, Francisco Navarrete en Tepoztlán y Alberto Martínez en Tetecala, todos integrantes de la anterior Legislatura.
Otro de los señalamientos vertidos en su contra fue el hecho de que admitió que no iniciará sanciones resarcitorias ni penales contra los exfuncionarios del Poder Ejecutivo, sino que estas se limitarán a sanciones administrativas.
La diputada de Nueva Alianza, Blanca Nieves Sánchez, evidenció además que en el portal de Transparencia no están expuestos los datos de auditorías concluidas, a lo que el aludido dijo que debe revisar si puede o no hacerlos públicos pero al ser cuestionado por el argumento jurídico, ley y artículo que se lo impide no pudo hacer referencia de ello.
El diputado Marcos Zapotitla pidió una explicación del porqué todos los procesos jurídicos que ha llevado a cabo, como la auditoría en contra de los exalcaldes Miguel Ángel Colín, Jesús González Otero, de Temixco y Cuautla respectivamente, no ha logrado sentencias penales, pero Loredo Méndez respondió que su función no es meter a la cárcel a nadie sino auditar.
Finalmente los legisladores manifestaron su disgusto sobre el desarrollo de la comparecencia y le advirtieron que el acto fue el inicio de su evaluación para permanecer en el cargo, para el que rindió protesta por ocho años.