Por Justino Miranda
Cuernavaca, Mor., 10 de septiembre.- El Gobierno de Morelos publicó un Decreto por el cual dejó sin efecto un acuerdo de la anterior Legislatura, de mayoría perredista, por el que ampliaron el periodo de permanencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de 14 a 20 años. El decreto afecta directamente a la presidente magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, quien cumplió los 14 años en julio pasado, y por lo tanto tendría que dejar el cargo.
En el Poder Judicial algunos magistrados expusieron que esta prolongación en el cargo fue un ‘premio’ del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu hacia la presidenta Cuevas López y sus afines por su ‘colaboración’ en los juicios políticos que se presentaron contra el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, colocado en ese momento como fuerte candidato al gobierno del estado.
El Decreto 427 expone que se deja sin efectos el Decreto 2610 publicado el 30 de mayo de 2018, por el que se expidieron los nombramientos de los magistrados y se estableció la ampliación del periodo de 14 a 20 años en el cargo.
La propuesta de reducir los años de permanencia de los magistrados surgió del diputado de Partido Encuentro Social (PES), José Luis Galindo, mediante un punto de acuerdo avalado por 16 de los 20 legisladores presentes en la sesión ordinaria de junio pasado.
Pero la determinación parlamentaria no surtió efecto en ese momento porque según varios diputados un punto de acuerdo no puede modificar un decreto, como en este caso y por lo tanto el Ejecutivo del estado realizó observaciones. Luego lo regresó al Legislativo y los diputados lo robustecieron y al final se publicó como Decreto.
En sus argumentos el Congreso de Morelos expone que el acuerdo legislativo para prolongar la estancia de los magistrados se alcanzó en febrero de 2017, mediante una disposición transitoria en la reforma del artículo 89 de la Constitución Política del Estado, pero en febrero de 2018 los diputados reformaron el mismo artículo y establecieron que los magistrados durarían en su cargo catorce años contados a partir de la fecha en que rindan la protesta constitucional.
En esa misma adecuación constitucional establecieron un transitorio donde se lee: “Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto”.
En razón de lo anterior, exponen el Legislativo morelense, la reforma Constitucional de febrero de 2017, en su disposición transitoria tercera, perdió su vigencia porque se contrapone a lo dispuesto a la reforma de febrero de 2018 puesto que esta última, en su disposición transitoria vigésima, refiere que se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.
La reducción de la permanencia en el cargo afecta a 22 magistrados con funciones en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
En junio pasado cuando el Congreso de Morelos aprobó el acuerdo parlamentario el TSJ emitió un comunicado y expresó que preparaba las acciones legales para proteger al Poder Judicial de los actos realizados por el Congreso del Estado, los cuales “violan la autonomía e independencia de este máximo órgano de justicia”, expuso.
El Decreto pega fuerte en el seno del TSJ principalmente porque su presidenta se reeligió en mayo pasado en una votación unánime, por otros dos años, aunque sus detractores acusaron una especie de “albazo” porque organizó su permanencia en el cargo en sesión extraordinaria del pleno y 10 días antes de cumplir su periodo ordinario.