Por Uzziel Becerra
La aprobación en la Cámara de Diputados de la reglamentación a la reforma constitucional del 2014 que permitió la reelección legislativa alarmó a la opinión pública respecto de la intencionalidad del proceso legislativo, acusando de oportunismo pero descontextualizando la reforma que fue apoyada por todos los partidos políticos en su tiempo. Sin embargo, la coyuntura de crisis sanitaria por el covid-19 y las alertas por las consecuencias económicas de la pandemia, el precio del petróleo y la volatilidad económica hacen que la labor legislativa se vea imprudente e irresponsable, pues en el Poder Legislativo no han tomado las medidas de salubridad para evitar la propagación del virus ni han exigido un mecanismo de respuesta que impulse la creación de un plan de emergencia económica ante las crisis que se avecinan.
Aunque los partidos de oposición y la opinión pública encendieron las alarmas por el tema de la reelección la semana pasada, en realidad la reforma constitucional que permitió la reelección de los legisladores se aprobó desde el año 2014, por acuerdo de todas las fuerzas políticas constituidas entonces y que hoy también conforman al Legislativo Federal, aunque con distintas mayorías y minorías respectivamente. Tal reforma entraría en vigor con los legisladores elegidos en el proceso electoral del 2018, por lo que los diputados y senadores que se encuentran actualmente legislando tendrán derecho a ser reelegidos si permanecen en su partido político y si la ciudadanía lo decide con el voto popular, pues deberán competir en los comicios para ser reelectos; no hay reelección automática.
El artículo 59 de la Constitución fue reformado para permitir que los diputados federales pudieran ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, mientras que los senadores podrían ser electos hasta por dos periodos legislativos. En ambos casos, la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En el caso de los legisladores locales, éstos podrían ser electos igualmente por cuatro periodos consecutivos con las mismas condiciones que los legisladores federales, con fundamento en el artículo 116, fracción II párrafo segundo de la Constitución, que también entró en dicha reforma.
Con 254 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados (con mayoría de Morena) aprobó cambios a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos electorales y de Partidos Políticos, reglamentando así las disposiciones del texto constitucional reformado. Lo que indignó a los partidos de oposición fue que se sesionara sin su presencia, puesto que a excepción de Movimiento Ciudadano, no asistieron los legisladores del PAN, PRI y PRD. Sin embargo, al ser una reforma a leyes, no se requiere votación de mayoría calificada como en el caso de las reformas constitucionales, sino que basta con ser avalada
por mayoría simple, como fue el caso. Dicho dictamen pasó al Senado para su discusión y aprobación, sin embargo la misma bancada de Morena en el Senado y demás partidos cuestionaron el “albazo” en la Cámara de Diputados y rechazaron, como cámara revisora, la propuesta de reforma reglamentaria con el argumento de “no adelantarse a una decisión precipitada” y actuando con “profunda responsabilidad” ante la coyuntura.
En realidad lo que se modificó en 2014 es uno de los principios más arraigados en la cultura política mexicana vinculados a la prácticas democráticas, el principio de no reelección. Cabe mencionar que la reelección del Presidente de la República sigue intacta, así como para los gobernadores de las entidades federativas, con excepción de los Ejecutivos locales, es decir, los Alcaldes o Presidentes Municipales, quienes podrán ser reelectos de forma inmediata por solo un periodo, siempre que el mandato no tenga una duración mayor a tres años.
La famosa frase atribuida a Francisco I. Madero, con la cual impulsó el movimiento anti-releccionista y la conclusión del Porfiriato en la revolución mexicana, sufragio efectivo, no reelección, sigue latente en la memoria colectiva de los mexicanos y en la de los principales actores políticos del país. El riesgo de que un gobernante quiera perpetuarse en el poder e imponer un régimen dictatorial, reeligiéndose de forma ilimitada y dañando la democracia, está presente cada vez que se pone sobre la mesa el tema de la reelección, sin embargo, la idea de que la reelección es mala per se es infundada.
La ciencia política ha demostrado que la reelección inmediata permite castigar o premiar a los representantes populares, reconfigurando y actualizando la relación entre el ciudadano (votante) y el representante popular (votado), a favor de la rendición de cuentas electoral con base en su desempeño. En el caso de los legisladores y las autoridades municipales, si la ciudadanía observa avances, progreso y buena gestión pública o legislativa, podría votar para que permanezcan en el desarrollo de las labores que desempeñaron para dar continuidad, o bien, con base en una gestión deficiente, podría retirarle el apoyo popular para que no vuelva a pisar los recintos legislativos o administrar los servicios municipales. Lo que se crea es un incentivo en el sistema político para que las legislaturas se profesionalicen y las gestiones públicas sean eficientes y efectivas, pues la evaluación de la ciudadanía determinaría su permanencia o retiro a través del voto.
Los Estados Unidos de América, la democracia constitucional más antigua, tiene en el diseño de su sistema político la posibilidad de reelegir al Presidente en una sola ocasión, pero su mandato solamente es de cuatro años. En Países latinoamericanos con sistemas presidenciales como Argentina, Brasil, República Dominicana, entre otros, también se encuentra la posibilidad de reelección. A su vez, ésta se presenta consecutiva o no consecutiva, limitada (por un periodo o varios) o ilimitada, como en el caso de Nicaragua y Venezuela, donde se ha roto el arreglo democrático. En suma, la reelección limitada es un mecanismo institucional para producir
determinados objetivos: en una democracia, la profesionalización de la actividad pública y la rendición de cuentas por mencionar algunos; en un gobierno no democrático, la perpetuación en el poder, pues la periodicidad de los cargos públicos es un requisito indispensable de todo orden democrático.
Aunque la reglamentación de la reforma constitucional aludida debía de realizarse tarde o temprano, la realidad es que la coyuntura privilegia una agenda específica: la del sector salud y la económica en consecuencia. En ese sentido, aunque los reclamos de la opinión pública y de los partidos de oposición no está contextualizada y por lo tanto carece de argumentos o razones contundentes, no hay apoyos sociales ni políticos suficientes para hacer prosperar una agenda de carácter político-electoral en el Legislativo al momento de visualizar el tsunami que significará la crisis económica y sanitaria que avanza, lo cual evidencia la poca empatía e incapacidad de los representantes populares para atender los conflictos apremiantes, y en parte se debe a que ante la crisis solo hay incertidumbre y perplejidad.
En cuanto a las medidas sanitarias hay avances significativos. A pesar de que miembros de la Organización Mundial de la Salud han asegurado que México ha tomado las medidas adecuadas para responder a la crisis del covid-19, también afirman que los peores escenarios llegarán pronto y que es impredecible saber cuándo y qué ocurrirá con certeza. El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en entrevista para Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, ha señalado que conforme a estimaciones se percibirán los efectos más severos del virus hasta el mes de junio, por lo que pidió a los mexicanos prepararse para una pandemia larga, pues, de cumplirse tal escenario, apenas en agosto podríamos ver descender la curva epidémica. Los últimos datos arrojados por la Secretaría de Salud confirman 316 casos de covid-19 en el país (cifra que con seguridad continuará actualizándose y aumentando progresivamente) y dos defunciones, mientras que los sospechosos ya acumulan 793.
Lamentablemente, la crisis sería incontrolable para México si entramos en fase 3, puesto que, como lo informó Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades: “No tenemos insumos para 300 mil casos, justo es lo que estamos por definir, el plan de compra como reserva estratégica y depende de cómo se vaya dando en los diferentes estados”. Así, afirmó que las reservas requieren de cubrebocas de tipo quirúrgico, mascarillas, bandas y caretas para la protección del personal médico, así como reactivos para las pruebas de detección de covid-19, ventiladores y monitores para terapia intensiva, alcohol-gel, jabón y diversos productos de higiene, por lo que se realizó una solicitud a la Secretaría de Hacienda para delegarle la responsabilidad de proveer todos los insumos necesarios de forma preventiva.
En cuanto al factor económico, este sigue presionado por la volatilidad del tipo de cambio, la depreciación del valor de nuestra moneda, la caída de los precios del petróleo (negocio al que el actual gobierno apostó), las pérdidas en la Bolsa Mexicana de Valores, el desplome del sector aeroportuario, energético y el constante descenso de las actividades productivas de la población, lo que da muestra de un escenario de ralentización de la economía nacional que puede sumarse a una recesión en términos globales.
Por lo tanto, ante una inminente crisis económica y sanitaria, los temas que pueden ser útiles en términos de la agenda legislativa es el impulso de un plan económico de emergencia, robusto y prospectivo, que logre medir las consecuencias de un paro generalizado de las actividades productivas en el país a causa del covid-19 y garantice la salud pública. En diversas latitudes se han hecho públicos los planes de reacción a la crisis económica, pues afectará sobre todo a la clase media y baja: Estados Unidos destinará 850 mil millones de dólares para cumplir ese objetivo, Canadá 56 mil 700 millones; Francia, España, Alemania, Italia, e incluso algunos países latinoamericanos como Colombia y El Salvador dieron a conocer sus planes de emergencia económica, entre lo que destaca la condonación de todo tipo impuestos, hipotecas, créditos, entre otras medidas para proteger a las empresas pequeñas y medianas, así como a la población y sectores vulnerables. Luego entonces, el Congreso mexicano debe exigir un plan de emergencia económica al Ejecutivo Federal para responder a la crisis que se avecina. La dinámica político-electoral puede esperar cuando están en riesgo la vida y sustento de los mexicanos.
* Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Sección Morelos. Representante del CEA de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en Morelos.