Por Uzziel Becerra
Tal como hemos indicado en otras ocasiones, la llamada “cuarta transformación” impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca trastocar todos los recovecos institucionales que le son incómodos, desde la salud pública, la defensa de los derechos humanos, las reglas de la democracia y ahora la administración de justicia. Cada espacio que ejerce su autonomía y que no se subordina a las intencionalidades y a la plataforma política del presidente resulta incómodo de forma tal que se construye una narrativa en contra, acusando un excesivo costo presupuestario, intrascendencia para la vida institucional y por pertenecer a un llamado “periodo neoliberal” en el que se construyeron las causas de la pobreza, la desigualdad, corrupción e impunidad, su necesaria modificación. La intolerancia del presidente a los poderes independientes y autónomos deja en evidencia los rezagos del autoritarismo mexicano del siglo pasado.
El origen del planteamiento de una reforma judicial está en la que ha sido la materia pendiente del gobierno federal: la violencia e inseguridad. Tras haber sido el 2019 el año más violento de la historia moderna del país, el Fiscal General ha buscado junto con el Presidente encontrar los cabos sueltos de la administración de justicia para mejorar sus propios indicadores, cayendo en la tentación de modificar los procedimientos de un sistema cuyos resultados son paulatinos pero con defectos en su aplicación por diversidad de razones que parecen ser ignoradas, puesto que el Fiscal Gertz Manero se ha pronunciado contra el garantismo penal.
Las iniciativas para una reforma o contrarreforma judicial fueron presentadas por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y la Secretaria de Gobernación, la ex ministra Olga Sanchez Cordero, ante miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), incluyendo modificaciones a la Constitución, la Ley de Amparo, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de la Fiscalía General de la República y la propuesta de un Código Penal Nacional.
El sistema de justicia penal acusatorio y adversarial que tuvo su reforma en el año 2008 y su implementación obligatoria en 2016 fue uno de esos avances que permitieron modernizar y avanzar en la garantía de derechos humanos a lo largo del proceso penal, tanto a víctimas como a imputados. Si bien es cierto que el sistema aún tiene defectos en cuanto a su exacta aplicación, éstos tienen un origen distinto a los que se le señalan en la propuesta de la 4T. En realidad las causas de la mala aplicación del sistema penal acusatorio se deben a la falta de profesionalización de los ministerios públicos para llevar a cabo las diligencias de forma adecuada y presentar sus casos ante los jueces conforme a derecho, así como los elementos policiacos que participan en la detención al no respetar el debido proceso.
A los funcionarios de la administración pública y a sus acérrimos defensores les debe quedar bien claro un asunto: en toda gestión gubernamental hay fracasos, éxitos y progresos o avances. No todo lo que fue legislado y diseñado institucionalmente en los sexenios que anteceden al de López Obrador es desdeñable, indeseable o malintencionado contra la ciudadanía. Los ejemplos están en los organismos públicos autónomos, que con diversos impulsos de la ciudadanía (al menos la ciudadanía informada e interesada en participar) lograron diseñar un instituto dedicado a la defensa de los derechos humanos con énfasis en las víctimas de la violencia, a la tutela de la democracia a través de procesos electorales, la tutela del derecho a la información, entre otros asuntos prioritarios y que fueron consolidados por el Estado a lo largo de diversas administraciones con el soporte de una sociedad civil sólida y articulada. La construcción de un nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene ese origen y respaldo en la comunidad jurídica del país.
El paquete de reformas propuestas por el Ejecutivo presenta graves retrocesos en cuanto al sistema de justicia penal y al espíritu garantista que sostiene dicho sistema al buscar la garantía de los derechos humanos, de las víctimas y de los imputados, además de una clara intención de amedrentar y controlar políticamente a los integrantes del Poder Judicial Federal. En primer lugar, las reformas contemplan la creación de Tribunales especializados en materia de responsabilidad pernal para jueces y magistrados que incurrieren en dicha responsabilidad y ser sancionados, procedimientos que hoy pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal.
Este sería un elemento de control interno dentro del Poder Judicial con independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, diseñada para que el Senado de la República pueda vigilar su actuación. En ese mismo sentido, la propuesta considera que será el Senado de la República quien nombrara a sus Jueces y Magistrados, violando así el principio de división de poderes y su independencia. De facto, la naturaleza de este control viene del presidente, al pedir a sus legisladores amedrentar a los integrantes de Poder Judicial para inclinar la balanza en favor de los proyectos del Ejecutivo (al anunciarse que buscarán reformar la Ley de Amparo para evitar que el otorgamiento de la suspensión detenga las obras impulsadas por el gobierno federal) y para mejorar lo indicadores de impunidad por diversos delitos.
Entre otros asuntos, la reforma viola el principio de presunción de inocencia al fortalecer la figura del arraigo para todos los delitos hasta por cuarenta días, misma figura que hoy solo es aplicable para el delito de delincuencia organizada. Se plantea que el artículo 16 de la Constitución sea modificado para que la autoridad judicial pueda consentir la intervención de las comunicaciones privadas en investigaciones en materia fiscal y electoral.
Uno de los puntos más controversiales es la eliminación del auto de vinculación a proceso, eliminando al Juez de Control en el proceso penal, planteándose que una vez que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial se cite a audiencia inicial y se determine de inmediato si el imputado será o no sometido a una medida cautelar, y que sea el mismo juez que conozca de la audiencia inicial quien dicte la sentencia. Además se considera poner excepciones a la inaceptabilidad de las pruebas obtenidas de manera ilícita, como la tortura.
La propuesta de un Código Nacional Penal ha sido la menos discutida por tener la intención de homologar las penas y su tipificación en el país para evitar la impunidad, sin embargo dicho código quitaría a las entidades federativas de la potestad para regular las penas al interior de sus territorios, diseñando una justicia penal totalmente centralista y que termina por quebrar el federalismo en la materia.
La narrativa antigarantista ha ganado terreno impulsada por la administración de López Obrador y por el Fiscal Gertz Manero, quebrantando la presunción de inocencia y el debido proceso, dándole facultades de discrecionalidad a los ministerios públicos que en tiempos del sistema inquisitorio daban pie a la violación sistemática de derechos humanos que hoy apenas y es recordada. Como cualquier gobierno que promete “transformaciones profundas”, existe una falsa necesidad de legislar para crear nuevos sistemas, instituciones y procedimientos con el riesgo de incentivar regresiones a un estado de cosas que demostraron su sincero fracaso.
Una vez encendidas las alertas sobre la reforma judicial que la bancada de Morena calificó como “profunda” y “compleja”, y al filtrarse los borradores de la misma, el Senador Ricardo Monreal anunció que su presentación se realizaría hasta el mes de febrero en el Senado de la República, dándole un respiro a la situación y otorgando la oportunidad de replantear las propuestas originales, asimismo anunció que se realizarían foros ciudadanos convocados por los legisladores para avanzar en su aprobación. Y esa es la oportunidad idónea para que la sociedad civil, las asociaciones de derechos humanos, colegios y barras de abogados, entre otras formas de organización social puedan controvertir en la opinión pública y en las instalaciones de la Cámara Alta los riesgos que presentan las reformas, buscando el replanteamiento de las iniciativas.
Está claro que la oposición hoy no tiene la fuerza ni la consistencia necesaria para hacerle frente a este paquete de reformas impulsadas por la 4T, y que a todas luces atentan contra la garantía de derechos humanos y de una administración de justicia conforme a derecho, por los controles de constitucionalidad y convencionalidad que serían planteados en la aplicación de dichas iniciativas. De forma que es responsabilidad de los ciudadanos, de la sociedad civil, y de las instituciones dedicadas a la producción conocimientos científicos, y en este caso jurídicos, hacerle frente a los despropósitos planteados por el gobierno federal y los legisladores que hoy son mayoría en el Congreso para señalar aquello que sin duda es un retroceso para el país y exigir que los elementos de policía, fiscales y ministerios públicos sean dotados de la capacitación e infraestructura necesarias para que cumplan su papel en la administración de justicia.
*Consejero Universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UAEM. Secretario de Asuntos Políticos en el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C.