Es una obligación derivado del cumplimiento del principio de igualdad sustantiva.
Redacción SL
Durante la primera Asamblea plenaria de la Conatrib, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea se pronunció por el respeto entre Poderes y la igualdad de género en los órganos impartidores de justicia.
En la ceremonia de inauguración que encabezó el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gamboa Olea reconoció a las doce presidentas de los Tribunales del país que asistieron a este evento y frente al presidente del TSJ de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, sostuvo que más allá de que la paridad de género, que es una obligación derivado del cumplimiento del principio de igualdad sustantiva, ésta impacta directamente en la calidad de la justicia pues enriquece las resoluciones de los tribunales con pluralidad de perspectivas lo que da mayor legitimidad de la justicia en México.
Lograr la paridad, abundó, implica derrocar aquellos obstáculos que impiden a las mujeres ascender a los altos cargos, por lo que se requiere una política de genero enfocada no solo a garantizar mecanismos de selección basados en procesos rigurosos y objetivos que impidan las designaciones fundamentales en prejuicios y estereotipos, sino también incidir en las condiciones en las que las mujeres desarrollan su labor.
Por su parte el magistrado de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez señaló que el Poder Judicial de Morelos es significante de importantes logros a nivel nacional y destaca por haber sido de los primeros en justicia penal de tipo acusatorio, además, conserva un importante liderazgo que permite mirar hacia el futuro no como un reto, sino como una oportunidad.
“Ese liderazgo se renueva gracias al trabajo del presidente Jorge Gamboa, cuyo plan de desarrollo estratégico define el rumbo hacia una justicia expedita, transparente, profesional y moderna en Morelos”, indicó.
Asimismo, invitó a los Congresos estatales a reformar los artículos transitorios para determinar la temporalidad para la realización de proyectos y en especial fijar una partida presupuestaria para la aplicación de las reformas procesales, la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales.