Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor.- 7 de marzo.- La Fiscalía Especializada contra el Delitos Electorales (Fepade) consideró que el retraso en la entrega de recursos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) por parte del gobierno del estado puede constituir un delito electoral por entorpecer el proceso para los comicios del próximo 1 de julio.
Lizbeth Pérez, asesora externa de la Fepade, explicó que un delito electoral “es todo acto u omisión contrario a la ley, previsto y sancionado penalmente por la misma, que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto”.
En febrero pasado el Impepac solicitó una ampliación de 176 millones de pesos al Poder Ejecutivo, ante la falta de recursos para la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep), para el conteo rápido y para hacer valer el voto de los morelenses que viven en el extranjero.
Sin embargo, la solicitud fue considera como excesiva por el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, quien declaró la semana pasada que el gobierno analizará la liberación de recursos para cada proceso, como fue la entrega de 23 millones de pesos que solicitó desde finales de año el Instituto para la impresión de las boletas y actas, los cuales hasta el presente día no habían sido liberados a pesar de que la fecha límite para enviar el contrato a Talleres Gráficos de México fue el pasado 23 de febrero.
El contrato de la impresión de actas y boletas se envió a TGM por presión de cuatro de los seis consejeros presentes en la sesión extraordinaria urgente que se realizó la madrugada del 25 de febrero, con los recursos con los que en ese momento contó el Impepac, que eran del orden de 6mdp.
La consejera presidente del Impepac, Ana Isabel León Trueba, fue renuente a votar a favor del anterior acuerdo esa madrugada, “no hay prisa, los directivos de TGM ampliaron el plazo hasta el lunes”, dijo, pero además aseguró que el acuerdo para la liberación de recursos se signaría el 26 de febrero con el Ejecutivo estatal pero su posicionamiento fue severamente cuestionado por los consejeros presentes, por lo que decidieron asegurar al menos la impresión de las boletas y actas y votar a favor del acuerdo.
Lo anterior puede constituirse como un delito en la materia, explicó la asesora, por poner en riesgo las elecciones. “Cualquier ciudadano que considere que esta acción afecta al proceso puede denunciar el hecho, incluso los mismos consejeros o representantes de partidos, si es que no se hizo la gestión pertinente en tiempo y forma”, abundó.
Luis Roberto Castrilló, otro asesor de la Fiscalía Especializada, dejó en claro que si bien el Ejecutivo estatal puede ministrar el dinero, debe analizarse si ésta acción se realiza sin complicar o llevar al extremo los tiempos para garantizar el proceso.