Por Leticia Villaseñor
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales exhaustivas, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón en que perecieron dos personas.
Por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la carpeta de investigación que integra.
La CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción, por la SCT y BANOBRAS, pues la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no ocho como originalmente se había previsto
Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la CNDH, habló sobre 15 evidencias, derivadas de investigaciones y pruebas periciales exhaustivas, que revelan graves deficiencias de planeación y construcción por una obra pública mal diseñada y deficientemente construida, coordinada y supervisada por la SCT, BANOBRAS y cuatro empresas involucradas.
Determinó que la SCT no realizó las acciones que correspondían luego de tener conocimiento de que el tubo debajo de la obra presentaba problemas de “socavaciones severas”, en particular de desbordamiento de agua en el kilómetro donde se formó el socavón pues era insuficiente para la cantidad de agua que escurría en época de lluvias.
El aumento entre las cantidades iniciales y las pagadas finalmente a tres de las cuatro empresas superó el 25%, por lo que debía solicitarse una autorización de la Secretaría de la Función Pública. La SCT no pidió esa autorización para tales aumentos, lo cual cuestiona su justificación y transparencia.
La empresa encargada de la construcción no entregó la póliza de seguro por daños a terceros a la firma del contrato y la SCT tampoco la exigió. Los contratos firmados con las cuatro empresas carecían de la descripción de los trabajos y servicios a realizar.
La Auditoria Superior de la Federación observó irregularidades en la ejecución y pagos de los trabajos de tres de las empresas contratadas como pagos sin justificación, por trabajos no previstos, sin cumplir con las especificaciones del contrato y por servicios que no se cumplieron.
La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin aprobación y autorización de las áreas responsables; la obra carecía de retornos, acotamientos y acceso a vehículos de emergencia. La empresa contratada para la supervisión usó una bitácora convencional sin autorización de la Función Pública en lugar de la bitácora electrónica correspondiente exigible en este tipo de obras.
Para determinar las causas del socavón en una obra presentada como de “larga durabilidad, bajo mantenimiento… y diseño moderno”, la CNDH realizó tres tareas principales, explicó el visitaddor, investigar por qué la SCT, BANOBRAS y las empresas fueron reticentes en el manejo de la información solicitada. ¿Qué había detrás de esa opacidad?, cuestionó. Fue la cadena de irregularidades lo que se escondía detrás de la falta de rendición de cuentas.
Revisó de los contratos públicos desde un aspecto metajurídico, es decir, más allá de lo que establecían las cláusulas del contrato. La CNDH pudo determinar omisiones y precisar incluso “lo que no decían los contratos”.
Investigó las violaciones a derechos humanos para que se finquen a los responsables las sanciones que correspondan. A la fecha, si bien hay 9 servidores públicos sancionados administrativamente, las autoridades no han reparado integralmente las violaciones al derecho humano a la vida de los fallecidos y a la información de sus familiares.
Al respecto, la Comisión Nacional considera que imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente.
Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la Parra, Directores Generales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador del Estado de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca.
La Recomendación 34/2018, que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede consultarse en la página www.cndh.org.mx