Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 17 de octubre.- Familiares de las víctimas encontradas en las fosas irregulares de Tetelcingo, municipio de Cuautla, recurrieron a la protección de la justicia federal y obtuvieron una suspensión provisional contra actos de la Fiscalía General del Estado que, según los demandantes, pretendía no reconocerlos como víctimas indirectas.
En rueda de prensa Osvaldo Cándido Juárez Cárdenas, hermano de Dolores, víctima de feminicidio, acusó que durante la audiencia intermedia en contra de dos exservidores públicos, implicados en la inhumación ilegal de 119 cuerpos en el poblado indígena de Cuautla, la Fiscalía sólo reconoció a cuatro víctimas directas e indirectas en el caso. En la lista de presuntos involucrados con la inhumación irregular se encuentran 42 servidores y exservidores públicos.
La inconformidad de las familias es que la Fiscalía solo pretende reconocer como víctimas indirectas a quienes tienen parentesco con las víctimas Oliver Wenceslao, asesinado; Zenaida Flores, secuestrada y asesinada, y un hombre cuya identidad no ha sido revelada y cuyos restos tampoco ha sido entregado a sus familiares.
Los cuerpos fueron inhumados en calidad de desconocidos en 2014, a pesar de estar plenamente identificados tanto por pruebas genéticas como por sus familiares.
Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, recordó que a tres años de la exhumación de los 119 cuerpos sólo se han entregado nueve a sus familiares, y desde 2017 a la fecha el proceso está detenido sin que las autoridades hayan dado a conocer avances.
Los cuerpos identificados hasta ahora corresponden a un joven víctima de secuestro localizado en Cuautla, dos jóvenes chiapanecos víctimas de extorsión hallados en Ocuituco, un hombre atropellado por una ruta cuyo cuerpo nunca fue entregado a sus familiares, el de otro joven víctima de secuestro del municipio de Huitzilac, además de Oliver wenceslao, la maestra Zenaida, Dolores y del hombre del que no se ha revelado su identidad.
Amalia Hernández dijo que a pesar de que los familiares están reconocidos como víctimas indirectas por la Fiscalía, la institución los omitió de la denuncia en contra de los exservidores públicos.
Además, lamentó Amalia, con ello se impide el acceso a las carpetas de investigación por lo que desconocen el curso de las indagatorias.
Liliana Domínguez acusó que la Fiscalía no entregó el acta de exhumación y tampoco la reconoció como víctima indirecta.
Con la acción de la Fiscalía, en caso de que se identifique a otra víctima de las 110 que aún faltan, los familiares no tendrían acceso a la justicia ni reparación integral del año.
Los deudos pidieron la intervención del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y de los diputados locales para que terminen las irregularidades en el caso, tengan acceso a la justicia y se sancione a los responsables.