Cuernavaca, Mor., 1 de julio.- El consejero jurídico del gobierno estatal, Samuel Sotelo Salgado afirmó que el avance en las carpetas de investigación en contra de exfuncionarios, que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, es apenas del 10 o 12 por ciento y no del 80 por ciento como lo aseguró el fiscal Juan Salazar Núñez.
Ayer le fiscal anticorrupción aseguró que el 80 por ciento de las carpetas de investigación ya estaban judicializadas y en algunas cuantas se determinó el ejercicio de la no acción penal porque la Consejería Jurídica no aportó las pruebas necesarias para acreditar las imputaciones.
Incluso, dijo, la Consejería se desistió en algunas carpetas del recurso de queja que presentaron porque en algunos casos no había delito, no tenían las pruebas o el sustento.
Sin embargo, a decir de Sotelo Salgado la obligación de investigar es del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía Anticorrupción y no del Ejecutivo Estatal, por lo que dejó entrever que están protegiendo a los exservidores públicos en la administración de Graco Ramírez.
Sotelo Salgado indicó que de las 60 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción algunas están judicializadas, otras en proceso y unas seis relacionadas con la Secretaría de Obras Públicas están próximas a reabrirse por determinación de un juez.
«El fiscal no ha dicho cuáles son las pruebas que requiere, pero parece que tiene que ser el gobierno el que debe investigar y no el MP porque su criterio es no ejercer acción penal en ciertos asuntos y los jueces están revocando la determinación, es decir están ordenando la reapertura en esas investigaciones pero el MP es quien las integra», dijo el consejero jurídico.