Por Antonella Ladino
Cuernavaca, Mor., 16 de abril.- La Contralora municipal, Mirna Zavala Zúñiga, confirmó que no hay investigación contra los regidores señalador de haber recibido un soborno por 1.3 millones de pesos por entregar la organización de la feria a una empresa.
La sindico de la ciudad y presidenta en funciones Denisse Arizmendi Villegas, dijo lo contrario el pasado 3 de abril al informar que daría parte a la contraloría para que iniciara una investigación de oficio por las acusaciones del empresario Jesús García.
El empresario, irrumpió el pasado 28 de marzo a la sesión de cabildo, a gritos y con groserías acusó que los regidores Jorge Dada Guerrero (Movimiento Ciudadano), Juan Miguel Serrano Gastelum (PVEM) y Rafael Domínguez Galindo (PRD), recibieron un soborno de 1.3 millones de pesos para ayudar a la empresa Dicza a obtener la concesión de la feria de la primavera del año pasado, sin embargo, la feria la adjudicó directamente el edil Cuauhtémoc Blanco al empresario Juan Manuel García Bejarano, asesinado en abril del año pasado cuando realizaba una cabalgata sobre avenida Plan de Ayala al inicio de la feria. Jesús García es el padre de Juan Manuel García Bejarano.
De acuerdo con el testimonio del empresario Jesús, la empresa que dio el soborno, después les requirió el dinero a los regidores, pero ante su negativa de regresar los recursos, dice, él y su hijo intervinieron para prestar el dinero a los regidores y entregarlo a la empresa representada por Jorge Cazales. Desde entonces han requerido a los regidores el regreso de los recursos pero se niegan, dijo.
Cuestionada del curso de la investigación de oficio que dijo la sindico se iniciaría, Mirna Zavala Zúñiga negó exista denuncia o investigación pues argumentó el empresario no ha presentado queja o denuncia por el presunto soborno e invitó a Jesús García presentarse a la contraloría y formalizar sus señalamientos.
Y agregó que la única presunta prueba que existe es el video que circuló en redes sociales donde el empresario señala al regidor Jorge Dada de quedarse con la mayor parte de los 1.3 millones de pesos que recibió de la empresa Dicaza.
Según Zavala Zuñiga, la contraloría ha pedido a diversas áreas del ayuntamiento información relacionada con el contrato, documentos de las empresas que participaron y sobre la Comisión que se conformó para la realización de la feria.
“Si el área de investigación reúne los elementos suficientes de prueba que den soporte para presentar una denuncia formal en contra de los servidores, la Contraloría está obligada a iniciar con los procedimientos de responsabilidad pero hasta el momento no hay denuncia ni queja”, declaró Zavala Zúñiga.
De acuerdo con la ley, la contraloría debe de investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales, para detectar hechos que advierta como causales de responsabilidad administrativa, practicar las diligencias necesarias, llevar a cabo inspecciones, visitas de campo, verificaciones, cotejo de documentos, levantamiento de actas, recopilar e integrar la evidencia documental y científica que se genere de la investigación incoada, para su análisis correspondiente y orientar a la Ciudadanía para la formulación de sus denuncias en contra de servidores o ex servidores públicos municipales, personas morales o particulares; que puedan derivar en una responsabilidad administrativa.