Acapulco, Gro., 22 de junio.- Los procuradores y fiscales de justicia del país se pronunciaron contra la creación de la Comisión de la Verdad del caso Iguala, al considerar que fue un exceso por parte del Tribunal Colegiado al considerar que no es la autoridad facultada.
Un tribunal colegiado no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una Comisión de Justicia y Verdad, señaló Alejandro Gómez Sánchez, procurador del Estado de México.
Víctor Carrancá, fiscal general de Puebla, y vocero de los titulares de procuración de justicia, dijo que el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito es una contravención al texto, pues vulnera el principio de supremacía constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público.
“La resolución del Tribunal Colegiado no puede otorgar facultades que la Constitución establece de manera exclusiva para el Ministerio Público. En el caso concreto, no existe disposición alguna que faculte al Poder Judicial a subrogar la investigación y persecución de los delitos, al margen de distribución de funciones y competencias que expresamente establece la Constitución”, puntualizó Carrancá.
El 31 de mayo, el Tribunal Colegiado ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala porque aseguró que la indagatoria de la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, no fue imparcial ni independiente y hay indicios de que los principales acusados fueron torturados.
La resolución de Colegiado derivó del amparo que promovieron Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, tribunal que ordenó reponerles el procedimiento y que peritos independientes les practiquen el Protocolo de Estambul.
Las personas mencionadas fueron señaladas por la PGR de ser los principales responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce o sus restos no han sido localizados.