Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 18 de marzo.- José Martínez Cruz, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) Morelos, se pronunció en contra de la militarización de la seguridad, de la que dijo, sin trabajo integral no abatirá la violencia.
Cuestionado sobre el tema de feminicidios, Martínez Cruz lamentó que hasta el momento no haya una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno que dé resultados, a pesar de la medida emergente de la Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada en la entidad desde agosto de 2015.
Está comprobado, dijo, que en los países donde los mandos militares se han hecho caro de la seguridad, los niveles de violencia van a la alza, cómo se va a prevenir si no hay una estrategia integral, no hay controles públicos sobre el papel de las fuerzas de seguridad y ese es un problema grave, recriminó.
En torno al recién firmado convenio policiaco de Mando Coordinado, estimó que no ay diferencia sustancial con el impuesto durante el sexenio recién concluido de Graco Ramírez con el Mando Único.
“Tal y como ahora hubo conflictos con los alcaldes al verse relegados en torno a la decisión de la operatividad, actualmente la renuencia de los tres municipios que faltan por firmar el convenio –Cuernavaca, Tepalcingo y Ocuituco-, son en realidad de índole política”, detalló el activista.
El presidente de la Comisión advirtió que la organización no presionará a los munícipes para que firmen dicho convenio ya que, advirtió, es su responsabilidad.
Sin embargo lamentó que en el caso específico de Cuernavaca, el edil Antonio Villalobos Adán no concilie sus diferencias con el titular del Ejecutivo estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo, al ser uno de los municipios con mayor índice de violencia feminicida en la entidad.
José Martinez se pronunció por un modelo de seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos, en los que se tome en cuenta a autoridades locales como los ayudantes municipales, quienes, explicó, son quienes tienen el contacto más directo con la ciudadanía, por lo que instó al Ejecutivo estatal a trabajar con éstos y los cuadrantes que realizaron en torno a las zonas más violentas del estado para trazar la estrategia, especialmente en materia de feminicidios.
La AVG fue decretada en Morelos el 10 de agosto de 2015 a petición de diversas organizaciones, entre ellas la CIDH Morelos, en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Temixco, Puente de Ixtla y Xochitepec. De entonces a la fecha se han registrado 349 asesinatos de mujeres en todo el estado.