Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 9 de septiembre.- Los alcaldes de cinco municipios que promovieron la controversia constitucional contra la reforma que legalizó los matrimonios igualitarios en Morelos, guardaron silencio ante el revés que ayer asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al desecharla por notoria improcedencia.
Asimismo, los sindicalizados que están en plantón en el congreso local desconocen las acciones que emprenderán sus representantes, por la misma causal, ya que la Corte también consideró improcedente el recurso que interpusieron a principios de agosto en contra de las reformas al Instituto de Crédito.
La controversia constitucional promovida por 18 municipios de Morelos para impugnar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, fue desechada ayer por notoria improcedencia en la Suprema Corte.
A pesar de ello, los alcaldes de Xochitepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapan, Jojutla y Ayala rehusaron hablar del tema esta mañana.
Los municipios inconformes de Morelos alegaron que la reforma no siguió el procedimiento debido y que a pesar de que no fue aprobado en varias localidades, en 18 de los 33 municipios, el Congreso local dio por afirmativo los cambios a la Constitución en la sesión del 29 de junio y la reforma entró en vigencia a partir de julio.
El pasado 29 de agosto, los municipios de Amacuzac, Atlatlahuacan, Coatlán del Río, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, Zacualpan de Amilpas, Zacatepec, Temoac, Ayala, Xochitepec y Tlalnepantla iniciaron la controversia constitucional, 90/2016, ante la Suprema Corte para revertir la reforma al artículo 120 de la constitución estatal sobre los matrimonios igualitarios.
Sin embargo, el Ministro José Ramón Cossío determinó que los ayuntamientos inconformes cometieron el error técnico de agruparse para promover una sola controversia, ello a pesar de que la Corte no ha establecido en reiteradas ocasiones que estas demandas no se pueden promover de manera grupal.
Además, los municipios ya no tienen tiempo de presentar nuevas controversias por separado, pues la controversia fue presentada en el último día del plazo legal de 30 días hábiles a partir de la publicación de la reforma.
Podrán presentar un recurso de reclamación contra el desechamiento, el cual se revisaría en una de las salas de la Corte, sin que tenga posibilidades de fructificar ante la jurisprudencia sobre el tema.
Ayer, el gobierno del estado de Morelos informó vía boletín de prensa sobre el desechamiento de dicha controversia, en el que además señaló que dicho procedimiento lo promovieron diputados locales, sin hacer alusión directa al grupo parlamentario del PAN.
En ese sentido, Carlos Alanís Romero negó la participación directa del blanquiazul en el recurso legal, “dimos asesoramiento a algunos ayuntamientos pero el tema estaba agotado en el Legislativo”, y finalmente dijo que serán respetuosos de las decisiones de la Corte.
En tanto, los integrantes de un reducido grupo de sindicalizados del Poder Legislativo, que mantiene un plantón desde mediados de julio en la sede del Legislativo por la aprobación de las reformas al instituto de crédito, dijeron desconocer cuáles serán las acciones, si es que habrá alguna otra, de sus líderes sindicales.
“No nos han dicho nada –expuso uno de los manifestantes-, sabemos que fue rechazada la controversia, pero hasta el momento nadie nos ha dado información concreta ni nos ha presentado alguna alternativa”, admitió.