Por Leticia Villaseñor
Cuernavaca, Mor., 31 de mayo.- Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico del Gobierno del Estado, declaró que derivado de la resolución de la Corte sobre las pensiones del Poder Judicial, deberá entregar en un plazo de 10 días 105 millones de pesos por dicho concepto.
Detalló que a través del requerimiento formal hecho por el máximo órgano judicial del país, se establecen obligaciones para los tres Poderes. Lo que le correspondía al Ejecutivo era remitir las cantidades de dinero de los recursos para que se pudiera cubrir alrededor de 116 decretos impugnados de jubilación, vía controversia constitucional por el Poder Judicial.
La presidente del Tribunal Superior de Justicia María del Carmen Verónica Cuevas López se inconformó contra la forma de la transferencia de los recursos y en términos de ello la Suprema Corte se pronunció para que el gobierno del estado haga la transferencia en su totalidad, es decir los 105 millones destinados para este rubro en un plazo de 10 días, de los cuales llevan ya dos días cursados.
“No nos da margen de apreciación y es lo que vamos a analizar con la Secretaría de Hacienda para encontrar los recursos, ya que de lo contrario hay cierto riesgo porque hay un apercibimiento de iniciar un procedimiento de inejecución y eso implica, si es procedente, consecuencias legales», dijo.
Los recursos de 80 millones de pesos, etiquetados por parte del Congreso del Estado en el presupuesto de Egresos, resultan insuficientes para cubrir los decretos que fueron impugnados y de nueva cuenta aprobados, por lo que el gasto se elevó a 105 millones.
La idea es que se hagan ministraciones, adelantó, tal y como se hace los pagos. No entendemos por qué tenemos que radicar todo el recurso para pagos de aguinaldo, ejemplificó, si eso se verifica hasta fin de año.
Sotelo Salgado explicó que anteriormente el Poder Judicial pagaba esas jubilaciones por lo que no fue contemplado el gasto en el presupuesto.
«Algunos de los decretos de jubilación estaban dados de alta y los pagaba el Poder Judicial pero es recurso público, por lo que no teníamos porque transferir el recurso que ya se había aplicado, sin embargo la presidente del TSJ argumentó que era un recurso que le correspondía y exigió su reintegro», finalizó.
